El ex dictador Augusto Pinochet y su familia tienen razón para pensar, como se dice en México, que las desgracias nunca vienen solas. La multiplicación de los casos judiciales en que no sólo el general golpista, sino su mujer y sus hijos están involucrados ha sido el preámbulo de su crepúsculo público, disminuido hasta casi la nada el capital político que amasó (tal vez porque ese tipo de patrimonio no puede ser resguardado por un banco, Riggs o de cualquiera otra denominación).
El pinochetismo quiso que su régimen, conforme a la desmesura nazi, durara si no mil años, sÍ algunas décadas. Se aproxima a su total desvanecimiento antes de que se cumplan siquiera dos. Las garantías de prolongación del Gobierno militar a través de legisladores vitalicios y designados están a punto de fenecer para siempre. Y los partidos fundados para administrar la atroz herencia ideológica de la dictadura se han dividido, al menos en apariencia (aunque ahora sus líderes busquen borrar de todos los registros públicos la huella de sus descalificaciones recíprocas).
Joaquín Lavín, el acomodaticio ex alcalde de Santiago que sucesivamente se cobijó al calor de Pinochet y luego pretendió abjurar de su fidelidad a ese símbolo de la represión, ya no podrá perseverar en una u otra actitud. Aunque conserve una posición formal en el equipo que abominó, subordinada a su más que adversario Sebastián Piñera, y aunque ingresara en el Gobierno que éste formara en el remoto caso de ganar la elección el 15 de enero, Lavín ha desaparecido para efectos prácticos, junto al pinochetismo sobreviviente hasta ahora. La derrota legislativa de algunos personeros próximos al ex dictador, y el llamado a cuentas judiciales a otros de sus allegados en el ámbito castrense prueban que el sol pinochetista se ha puesto para siempre.
La Alianza por Chile, que prevaleció en la contienda legislativa aunque sus partidos sostuvieran sendas candidaturas presidenciales, quedó mal parada, con cinco puntos menos entre la elección de 2001 y la del domingo anterior, pues entonces alcanzó 44.27 de los votos válidos y ahora sólo llegó a 38.7 por ciento. Perdieron sus escaños en el Senado dos pinochetistas sobresalientes, Sergio Fernández, que fue ministro del dictador, y Carlos Bombal. Si a esa pérdida se agrega la de los votos de los senadores designados que dejarán de actuar en marzo próximo, y que pertenecen cuatro a las Fuerzas Armadas y dos al Poder Judicial, se aprecia mejor la merma del pinochetismo parlamentario. En el terreno judicial las elecciones hicieron disminuir la atención pública sobre los procesos cursados contra los Pinochet.
Por un lado, el ex dictador declaró el martes de la semana pasada acerca de una operación de venta de armas a Croacia, que incluye una averiguación sobre la muerte del coronel Gerardo Húber, jefe de Adquisiciones del Ejército que desapareció en diciembre de 1991, probablemente permaneció secuestrado en la escuela de Inteligencia de esa corporación y cuyo cuerpo apareció sin vida en febrero de 1992.
En lo que hace a las acusaciones directas contra Pinochet, esta semana la defensa del golpista presentó sus alegatos en el juicio de amparo ante la sala penal de la Corte Suprema. Su abogado, Pablo Rodríguez Grez ha reiterado el manido argumento de que Pinochet no puede atender un procedimiento en su contra. El propio Rodríguez Grez, que en su juventud fue un activista de extrema derecha, ha sido interrogado en el marco de la investigación sobre secuestros y tortura ocurridos en Villa Grimaldi, donde el abogado pinochetista fue visto como visitante asiduo.
Otros allegados a Pinochet, incluida su hija María Verónica, son investigados por el ministro de fuero Carlos Cerda quien supone que ella y el general retirado Guillermo Garín, que fue jefe de la Casa militar, incurrieron en ilícitos al manejar recursos del Estado. María Verónica habría utilizado con ese propósito cuentas a su nombre abiertas en el Citibank de Miami. Por otra parte, la semana pasada, el Consejo de Defensa del Estado solicitó a Cerda el procesamiento de tres militares y dos civiles por malversación de caudales públicos. Se trata de los generales retirados Jorge Ballarino y Ramón Castro, y el coronel igualmente retirado Gustavo Collao. Los civiles son nada menos que Augusto Pinochet Hiriart, primogénito del dictador, y su esposa.
Uno de los procedimientos ilegales que se investigan consiste en la importación de diversos bienes realizada por el Ejército que sin embargo, en vez de engrosar el patrimonio castrense pararon en manos de los Pinochet. Igualmente se ordenaba a colaboradores cercanos al golpista la creación de sociedades y empresas fantasmas destinadas a facilitar el manejo de recursos públicos en Chile y en el extranjero.
Según informaciones del periódico gubernamental La Nación, consta en el expediente que “unos 400 mil dólares fueron transferidos desde las cuentas del organismo administrativo que funcionaba en el Palacio de La Moneda, a cuentas del ex dictador y sus familiares. Estos recursos habrían provenido de los gastos reservados que en la época manejaba él mismo, cuando detentaba la Jefatura del Estado”.
La historia de los procesos a Pinochet comprende sólo siete años y medio. Se inició apenas el 12 de julio de 1998 cuando el abogado Eduardo Contreras presentó querella por violaciones a los derechos humanos. Se desencadenaría así la retención del militar en Londres y la prisión domiciliaria que hoy padece (o disfruta).
