Habría que usar un poderoso aparato de Rayos X para ver qué esconde el repudio generalizado a la resolución de la Comisión de Derechos Humanos que concede una medida cautelar para que el Instituto Federal Electoral registre provisionalmente como candidato independiente, al canciller Jorge G. Castañeda Gutman, a la Presidencia de la República. Es un asunto que, a mi manera de ver, no tiene más implicaciones que las de que hay un deseo manifiesto de que permanezcamos en una isla, rodeada de aguas infestadas de pirañas, que nos mantenga ajenos a lo que sucede en el resto del mundo. Los vientos que soplan en estos años de principios del Siglo XXI son los de la democracia que invita a todas las naciones del orbe para que pongan en práctica reglas que concedan a los pueblos la libertad para escoger libremente a sus gobernantes. Sin esos principios nada se puede hacer si no seguir navegando en la estulticia de autoridades sordas y ciegas marginadas de los sentimientos populares.
En el aspecto jurídico hace tiempo que ha quedado resuelto que los Tratados Internacionales, celebrados por nuestro Gobierno, están por debajo de nuestra Ley Suprema pero por encima del derecho federal y el local, en una prelación que surge de la lectura del Artículo 133 Constitucional. No hay de otra. Usemos una frase que podría ser de Perogrullo, lo primero es lo primero. Esto es, los Tratados que haya signado el presidente con la aprobación del Senado, están en un primer plano en relación con nuestras leyes. No obstante haya disposiciones legales que expresamente ordenan que nadie puede ser candidato sin partido, si la Ley Electoral violenta los derechos humanos, habiendo aceptado nuestro presidente y el Senado los términos del Tratado, acaso ¿no se verá constreñido a suprimir ese requisito que no aparece en la Constitución sino tan sólo en una Ley federal que en rango está por debajo del convenio internacional?
En resolución del Pleno de la Suprema Corte, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación, Tesis aislada P. LXXVII/99, página 46 de noviembre de 1999, se dice que los Tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución Federal. Es indudable que el Instituto Federal Electoral se apoya en leyes federales vigentes que, buenas o malas, sólo pueden ser nulificadas por el Congreso de la Unión, el que puede verse obligado a reformar la Ley cuando en los términos del Tratado se resuelva que el ordenamiento atenta contra los derechos de un particular. Eso es precisamente lo que persigue Castañeda que haya una decisión del organismo internacional que destruya la barrera que hasta el momento le obstruye el paso para aspirar a ser presidente de la República. En el fondo de nuestra conciencia todos sabemos que tiene razón.
Eso me recuerda la máxima, dura lex, sed lex, -la Ley es dura pero es la Ley-, a la que hay que someterse, velis nolis, -quieras o no quieras-. Esto es, mientras no haya un cambio, que sólo puede producir el Poder Legislativo, mediante los mecanismos que prevé nuestra Constitución, los partidos políticos seguirán teniendo el monopolio para proponer candidatos. Las candidaturas independientes tendrán que esperar a que vía el Poder Legislativo se ajusten las leyes electorales al espíritu de apertura que campea en nuestra Constitución, que puede ser a la voz de ya, si el ex canciller tiene éxito en su porfiada gestión. Lo que llama la atención es que la ciudadanía da la impresión de que no está contenta con el cómo se dan las cosas en la actualidad, lo que sería una explicación a grosso modo, -más o menos-, del por qué se queda en su casa el día de las votaciones. Lo único que los ciudadanos piden es que en el interior de los partidos se dé oportunidad a todo aspirante que tenga calidad para participar y llene las exigencias constitucionales, abriendo un amplio abanico de posibilidades donde se pueda escoger sin trabas ni cortapisas. En fin, creo que el ex titular de Relaciones Exteriores, está abriendo el camino para que su nombre llegue a aparecer en las boletas electorales, lo que auguramos conseguirá tarde o temprano, pues recuérdese la fórmula latina Pacta Sunt Servanda, que traducido al castellano sería: en derecho internacional los pactos han de cumplirse.
