“Nos hallamos aquí, sin miedo a seguir la verdad, dondequiera que ésta nos lleve”.
Thomas Jefferson
Lydia Cacho es una de las personas más valientes que conozco. En su lucha por defender a las mujeres y a las niñas que son objeto de violencia y de abusos no ha tenido miedo de enfrentarse a los personajes más poderosos del estado de Quintana Roo, donde radica, y de todo el país. En estos últimos días un hombre muy importante, el textilero José Kamel Nacif Borge, ha tratado de amedrentarla nuevamente.
Este viernes 16 de diciembre, un grupo de hombres armados se introdujo al Centro Integral de Atención a la Mujer A.C. (Cimac) en Cancún donde Lydia colabora para privarla de la libertad. La violencia de la acción hizo temer que se trataba de un secuestro ordenado por alguno de los hombres poderosos, incluidos narcotraficantes, que han jurado vengarse de quien defendió a sus mujeres cuando fueron víctimas de violencia. Sólo con el tiempo quedó claro que Lydia había sido detenida por agentes judiciales de Quintana Roo, quienes la entregaron a judiciales poblanos para su traslado a Puebla. A la activista de los derechos de la mujer no se le permitió hacer ninguna llamada telefónica sino hasta estar en Puebla.
El secuestro -o detención- de Lydia Cacho fue consecuencia de una denuncia por difamación presentada por Nacif Borge, un poderoso empresario de origen libanés llamado por algunos el Rey de la Mezclilla. La acusación es la respuesta a las revelaciones que Cacho hace en su libro Los demonios del Edén, en que cuenta y documenta la historia de Jean Succar Kuri, un pederasta que violó y abusó a decenas, quizá cientos, de niñas en Cancún. En su libro Cacho señala a Nacif Borge como protector de Succar Kuri.
Si bien la difamación no es un delito grave, por lo que Lydia ha obtenido la libertad bajo fianza en Puebla, su detención fue organizada para convertirse en una amenaza a su integridad física. Según la Procuraduría del Estado de Puebla, Lydia había sido notificada en varias ocasiones que debía presentarse en Puebla a responder la acusación. Pero ninguna de estas notificaciones llegó a su domicilio. El propósito era que las notificaciones no entregadas sirvieran de excusa para el secuestro.
El operativo fue organizado para generar temor en Lydia y en sus asociadas. Los policías judiciales irrumpieron armados y con lujo de violencia en las instalaciones del Cimac. No se identificaron. No permitieron que la activista se comunicara con nadie. El operativo estaba preparado de tal manera que en unas cuantas horas las autoridades de Quintana Roo autorizaron y entregaron a Lydia para su traslado a Puebla. Este proceso usualmente toma días o semanas, lo cual permite al acusado tramitar un amparo o buscar otras formas de defenderse. Pero claramente Nacif Borge, utilizó sus influencias o su dinero para convertir un acto de notificación judicial en un acto de terror.
El secuestro de Lydia Cacho vuelve a subrayar los problemas de la legislación sobre difamación en nuestro país. Al contrario de la calumnia, que es la imputación falsa de un delito a un tercero, la difamación es considerada un crimen en nuestro código penal aun cuando la afirmación supuestamente difamatoria sea cierta.
La verdad, en otras palabras, no es una defensa legal válida en el caso de una difamación. Nacif Borge no tiene que argumentar ante un juez que la información que se ha presentado sobre él, la de proteger a un pederasta, es falsa: lo único que necesita decir es que ha dañado su fama pública. Y, por supuesto, el que se divulgue que una persona ha protegido a un pederasta implica un daño a la fama pública de cualquier persona, especialmente si la información es cierta.
Desde hace tiempo varios grupos de periodistas han sostenido que se debe despenalizar la difamación. Este acto no debe ser un delito bajo los códigos penales sino, en todo caso, una falta que se dirima en los tribunales civiles. En uno u otro caso, sin embargo, la verdad debe ser un argumento de defensa. En su actual tipificación, que hace que alguien pueda incurrir en el delito aun cuando la información que publique sea verdadera, la difamación es un arma contra periodistas o autores cuyo único pecado es cumplir con su responsabilidad de dar a conocer información verdadera sobre casos de interés público. Ésta es la situación de Lydia Cacho y sus revelaciones sobre Saccar Kuri y Nacif Borge.
Lydia Cacho tendrá ahora que enfrentar en los tribunales de Puebla -un estado en el que Nacif Borge tiene una enorme influencia- el juicio por difamación emprendido el Rey de la Mezclilla. Para quienes creemos en la libertad de expresión, y en la responsabilidad de los periodistas de dar a conocer información verdadera sobre temas de interés público, éste es un caso infamante. Nacif Borge, después de todo, no está presentando argumentos de que no es responsable de lo que se le achaca, sino simplemente hostigando a una mujer que tuvo el valor de revelar la verdad.
DELITOS CONTRA EL HONOR
El diputado local Roberto Carlos Reyes Gamiz, del PRD ha presentado ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una propuesta para derogar los llamados “delitos contra el honor” del Código Penal del Distrito Federal. Ésta es una iniciativa valiente y valiosa que debe ser aprobada por la asamblea. El ejemplo debe seguirse en las demás entidades de la Federación.
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