Ya sabíamos que el Gobierno del cambio procura que todo sea como antes. Ahora comprobamos que también busca asestarnos más de lo peor. El presidente Fox , que ha dicho que la estabilidad económica es posible gracias a Dios y a Ernesto Zedillo, puso la política económica en manos del salinismo, con Francisco Gil a la cabeza. Ahora ha entregado la prevención policiaca a Miguel Ángel Yunes, cuyos antecedentes en materia de seguridad pública son temibles. Su designación, nacida más de la conveniencia política y de la desesperación que de la “pasión por el buen Gobierno” que presumiblemente mueve al foxismo, no permitirá mejorar el desempeño de Ramón Martín Huerta ni colmar, por lo tanto, las enormes necesidades en la materia.
Yunes ha tenido relación con la seguridad pública en dos momentos, ambos durante la década pasada. Fue secretario del Gobierno de Veracruz, bajo Patricio Chirinos, a lo largo de casi todo el sexenio 1992-1998. Y luego, durante un lapso más breve, fue responsable de la política de readaptación social en la Secretaría de Gobernación. Es decir, fue el encargado de los reclusorios federales, materia que hoy es propia de la secretaría a cuyo segundo cargo llegó ayer. Era diputado priísta y luego independiente (aunque para efectos prácticos se había adosado a la bancada panista). La semana pasada pidió licencia. Según sus allegados, lo hizo porque sería nombrado secretario de seguridad pública. Por lo pronto tuvo que admitir una posición secundaria, como las que han marcado su desempeño en la vida pública.
Como responsable de la política interior en Veracruz, Yunes ganó fama por su tendencia a la represión. Todavía se lo han recordado los miembros del Movimiento de los 400 pueblos en semanas recientes, cuando ante la Cámara de Diputados demandaban juicio político contra el ahora funcionario de la administración Fox. Y aunque sea posible presumir que ese movimiento era utilizado entre los priístas veracruzanos como ariete de lucha política, lo cierto es que las demandas que enarbolaban se refieren a hechos ciertos, como cierta es la persecución que contra varios políticos de esa entidad, pertenecientes a su mismo partido, organizó Yunes. El flamante rector de la Escuela Libre de Derecho, el ex procurador Ignacio Morales Lechuga, fue víctima de su intolerancia. Y lo fue en grado mucho mayor, de forma mucho más trascendente, el ex gobernador Dante Delgado, que purgó penas por delitos de que luego fue exonerado por la justicia federal, y cuya acusación había sido impulsada por Chirinos y Yunes.
Es de suponerse que de su gestión como director general de prevención y readaptación social se haya tomado debida nota, y hayan resultado infundados los señalamientos que en su momento, los años de la gestión de Francisco Labastida como secretario y de Jesús Murillo Karam como subsecretario de seguridad, se hicieron públicos. No es de esperarse, sin embargo, rigor extremo en las averiguaciones sobre precedentes de los funcionarios foxistas. Cuando fue nombrado director de Pemex Luis Ramírez Corzo, la Secretaría de la Función Pública juró que carecían de fundamento las versiones sobre conflicto de interés entre una empresa privada presidida por Ramírez Corzo antes de su nombramiento como director de Pemex-Exploración y Producción y esta subsidiaria del organismo descentralizado.
El propio Ramírez Corzo se exculpó diciendo que se deshizo de su participación accionaria y ofreció pruebas de haber procedido de esa guisa. Pero salvo una acta de consejo a ese respecto, inocua de por sí, no aportó documentación -como el recibo de la suma obtenida por la venta de su capital, o la declaración fiscal donde se refleje la operación-, que compruebe que en efecto no tiene ya interés en una inmobiliaria que le arrienda un edificio a Pemex.
Como si no les quedara clara la crisis de la seguridad pública federal (evidenciada en la Policía Federal Preventiva y en los penales de alta seguridad, las materias sustantivas de la competencia de la SSP) el presidente Fox adoptó una medida político-partidaria en un terreno donde hacía falta una decisión profesional, que asegurara un eficaz desempeño. La designación de Yunes es un pago a su trabajo como diputado federal y como precandidato al Gobierno de Veracruz, todo favorable al PAN y al Gobierno. Yunes fue la mano derecha de Elba Ester Gordillo durante su breve paso por la Cámara de Diputados, cuando estuvo a punto de consumar la alianza con Acción Nacional, mediante la fracción elbiazul, y luego cuando se independizó del PRI.
En Veracruz, su despecho porque no prosperara su aspiración a la gubernatura se manifestó en obstrucciones diversas a la campaña del ahora gobernador Fidel Herrera y la virtual coordinación de la campaña del candidato panista Gerardo Buganza. Aunque no siempre el destino de los hijos depende del de los padres, no puede desligarse de esa conducta de Yunes Linares el que su hijo figure de modo relevante en el grupo blanquiazul de la legislatura veracruzana.
Aunque la ausencia de Elba Ester Gordillo haya mitigado su activismo en la escena pública, el nombramiento de Yunes puede también atribuirse al vínculo que enlaza a la presidenta del SNTE con la pareja presidencial. Dentro de veinte días, cuando el 31 de enero termine el plazo respectivo, se comprobará que dos agrupaciones políticas nacionales, unidas para ese propósito, formarán el partido hechura de Elba Ester, más dúctil para ciertos fines que el renuente PAN.
