LONDRES, (Reuters).- Los planes de boda del príncipe Carlos de Inglaterra y su novia de toda la vida, Camilla Parker Bowles, están convirtiéndose en una comedia de enredos, según dicen algunos observadores de la realeza.
Mientras los dos divorciados batallan por obtener el apoyo público para su boda, la cuestión de dónde y cómo se casará el heredero al trono está generando una pesadilla legal.
"No nos divierte", es la impresión que emana de la reina Isabel sobre la unión de su hijo mayor con la mujer que siempre fue acusada de destruir el matrimonio de Carlos con la glamorosa pero infortunada princesa Diana.
En primer lugar, se tiene que elegir el lugar donde se celebrará la ceremonia civil el 8 de abril tras una confusión sobre la licencia matrimonial.
La ceremonia ha tenido que ser trasladada desde los exclusivos confines del castillo de Windsor, al oeste de Londres, al ayuntamiento de la zona, que está situado carretera abajo, pasando pubs y hamburgueserías.
El motivo es que permitir a la pareja casarse en el castillo permitiría también a los plebeyos celebrar bodas allí.
La realeza decidió que de ninguna manera iba a permitir eso, pero se enfrentó con otra convulsión. Por ley, el público puede acudir a las bodas en los ayuntamientos.
Añadiendo más vergüenza a la Casa de Windsor, los expertos constitucionales han estado argumentando que a los miembros de la familia real no se les permite casarse en una ceremonia civil en Inglaterra.
"Si se hubiera pedido al movimiento republicano que escribiera el guión, apenas podría haber logrado uno mejor", comentaba el periódico Daily Express.
El experto constitucional David Starkey dijo cáusticamente: "Simplemente te preguntas cuál era la urgencia que ha impulsado a todo el mundo a esta boda mal investigada y mal planeada".
"Parece que nada ha sido pensado en profundidad y no se ha consultado convenientemente a los expertos", dijo a Reuters.
El doctor Stephen Cretney, un especialista en historia legal de la Universidad de Oxford, inició la polémica cuando dijo que no hay un procedimiento estatutario por el cual los miembros de la familia real puedan casarse en la oficina del registro civil inglés.
El ex fiscal general Nicholas Lyell, que una vez fue el jefe de la oficina legal del gobierno, dijo que el Ejecutivo del primer ministro Tony Blair no había dado a la reina Isabel los consejos adecuados sobre la unión, bajo la ley del matrimonio de 1949.
Lyell sugirió la necesidad de aprobar una norma de emergencia que aclare la posición legal antes de la boda.
La feliz pareja incluso podría acabar teniendo que casarse en Escocia como hizo la hermana de Carlos, la princesa Ana, cuando contrajo matrimonio por segunda vez en 1992.
Pero Lord Falconer, el Lord Canciller (juez supremo en Inglaterra), insiste en que la boda es legal.
"Todo el asunto está convirtiéndose en un gran caos embarazoso", dijo la autora de libros de la realeza Judy Wade.
"Realmente el modo en que se ha realizado es de mal gusto.
Es otro clavo en el ataúd de la monarquía", dijo a Reuters.
El corresponsal para la realeza del Daily Mail Richard Kay no pudo sino coincidir con Wade.
"Considerando que han tenido 33 años para planear este gran acontecimiento, lo han hecho muy mal" dijo a Reuters.
"Ciertamente parece una comedia de enredos".
