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México, DF.- El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) propuso otorgar a la Comisión Federal de Competencia (CFC) autonomía absoluta similar a la que goza el Instituto Federal Electoral (IFE) para garantizar la imparcialidad en sus decisiones.
El organismo empresarial señaló que la CFC tiene autonomía técnica y operativa, pero es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, lo que no garantiza una absoluta independencia del proceso político.
Expuso que la actual Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) no otorga a la comisión facultades para investigar, dictaminar y en su caso sancionar las prácticas monopólicas del Estado.
En ese sentido, propuso que el anteproyecto de reforma a la LFCE, que se discute en el Congreso de la Unión, permita a la comisión investigar y sancionar las prácticas monopólicas de las empresas estatales, proveedoras exclusivas de insumos esenciales o básicos para las empresas y los ciudadanos. Para estas labores, explica, ayudaría conformar un tribunal de amparo especializado y con experiencia económica para conocer los casos de la comisión y otras dependencias que consideran asuntos en materia de competencia económica.
Entre los beneficios más importantes de la reforma, cita el análisis del Ceesp, estarían la mayor certidumbre jurídica sobre los procedimientos de la CFC, procesos más expeditos y la introducción de criterios de competencia en la elaboración de políticas públicas, con el fin de desmantelar distorsiones de mercado.
El Ceesp acepta que en el país existen avances significativos en la política de competencia, pero considera que prevalecen retos para cumplir plenamente con el mandato de prevenir o eliminar prácticas monopólicas. Entre dichos retos destacan las lagunas o deficiencias de Ley que nulifican la política de competencia y las facultades insuficientes de la CFC para remediar directamente problemas de falta de competencia.
Asimismo, la insuficiente incorporación de consideraciones de competencia en la elaboración de reglamentos, normas y políticas públicas a nivel federal y local. Para enfrentar esos retos, el organismo propone resolver el problema de inconstitucionalidad de cuatro Artículos de la LFCE, y reforzar facultades de la comisión para prohibir depredación de precios, desincorporación de activos y poder investigar conjuntos de empresas.
También sugiere opinar formal y públicamente sobre cuestiones de competencia durante la elaboración de políticas públicas y marcos normativos a nivel federal y local, a fin de detener el fuerte crecimiento de juicios contra procesos y resoluciones de la Comisión Federal de Competencia.
