“El último grado de la perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia”.
Voltaire
Mucho se ha dicho que el caso Medina-Abraham ha polarizado a la sociedad yucateca. Quizá habría que ir más allá: ha polarizado a buena parte del país. Esto ha quedado en claro en la cobertura de medios ahora que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia está examinando el caso.
El caso Medina-Abraham comenzó el 15 de noviembre de 1995 cuando la joven Flora Ileana Abraham, de 23 años, murió a causa de un balazo. La Procuraduría de Yucatán determinó originalmente, en buena medida por la declaración de Armando Medina Millet, quien se había casado recientemente con ella, que esto fue un suicidio.
La familia Abraham puso en tela de juicio esta conclusión, impidió que se cremara el cuerpo de la joven como quería Medina Millet y pidió nuevos peritajes. Meses después Medina Millet fue detenido y juzgado por el homicidio de Flora Ileana. Un juez de primera instancia lo condenó a 20 años de cárcel y un tribunal colegiado ratificó la sentencia. A la Suprema Corte de Justicia han llegado ahora los amparos.
Mi opinión personal es que sí hubo un homicidio y que el responsable es Medina Millet. La razón principal es que el peritaje que he estudiado señala que el disparo se hizo a cuando menos un metro de distancia del cuerpo, lo cual haría imposible el suicidio. Me queda claro que la investigación y el proceso han tenido muchas irregularidades. Muchas de ellas, a propósito, parecían tener como propósito favorecer a Medina Millet. Pero a mi juicio estas irregularidades no tocan el fondo del asunto. Ese fondo sí lo estudió Margarita Guerra, una ex subpprocuradora capitalina de intachable reputación que revisó el caso, quien encontró que había existido presión política pero que la condena de Medina Millet era correcta.
Poco importa, sin embargo, lo que piense un periodista como yo. Nosotros podemos examinar el expediente, pero nunca contamos con el conocimiento pericial y jurídico para reemplazar a un juez. Ésta es la primera vez, de hecho, que públicamente me aventuro a ofrecer mi conclusión personal sobre el proceso.
Desde hace mucho tiempo, sin embargo, condené la politización del caso. El gobernador panista de Yucatán Patricio Patrón Laviada, desde antes de ser electo, cuestionó la investigación y el juicio. Sus adversarios políticos afirman que esto lo ha hecho por una amistad personal con Medina Millet. Él mismo me ha dicho que esa amistad nunca existió.
Pero el hecho es que el Gobierno de Patrón Laviada ha hecho todo a su alcance para lograr la liberación de Medina Millet. Su procuraduría ha tratado insistentemente de echar para atrás el caso. Él contrató a una empresa de relaciones públicas para promover entre periodistas de la Ciudad de México la posición de Medina Millet. El mismo gobernador me visitó en mi casa del Distrito Federal para explicarme su posición en este tema.
La procuraduría yucateca promovió una “revisión extraordinaria” del caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán que habría permitido que, en caso de tener éxito, habría llevado a una liberación inmediata de Medina Millet sin posibilidad de apelación para la familia Abraham. Los diputados locales del PAN amenazaron a los magistrados que si votaban en contra de esta iniciativa se les haría juicio político. Cuando así lo hicieron la mayoría, los diputados del PAN trataron de cumplir la amenaza. Sólo la intervención de la Suprema Corte de Justicia impidió esta venganza.
Yo, como cualquier otra persona, puedo tener mi idea personal de quién fue responsable de la muerte de Flora Ileana Abraham. Lo importante, sin embargo, no es mi opinión sino que se haga justicia. Por eso los ministros de la Suprema Corte deben estar muy alerta a su decisión de esta semana. Si por irregularidades de forma deciden pedir a los tribunales de Yucatán que restituyan el proceso, se encontrarán sin duda con que el ministerio público yucateco retirará los cargos, independientemente de los méritos reales del caso. Así lo ha sugerido ya el Gobierno de Patricio Patrón Laviada, que ha hecho del proceso un tema político y no de justicia.
Si Medina Millet va a ser liberado que sea porque ha demostrado realmente y con pruebas que no cometió el crimen. Pero que no sea porque el caso se devolvió al sistema judicial de Yucatán donde la procuraduría local “se olvidará” de ratificar los cargos para dejar en libertad al amigo del gobernador.
CONSEJEROS
Ricardo Monreal del PRD ha señalado un evidente caso de corrupción dentro del Instituto Estatal Electoral del Estado de México. No se puede permitir que las cosas continúen. Los consejeros que aceptan dinero para otorgar un contrato público no serán nunca confiables.
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