EL PAÍS
BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Mientras las asociaciones de víctimas y las organizaciones de derechos humanos celebraban ayer la decisión de la Corte Suprema argentina de anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en el Ejército y en el Gobierno argentinos se trataba de rebajar el impacto que tendrá la medida ante la posibilidad que cientos de militares sean llamados a declarar en causas por violaciones a los derechos humanos.
El jefe de las Fuerzas Armadas argentinas, el general Roberto Fernando Bendini estimó que alrededor de 400 militares podrían verse obligados a comparecer ante los tribunales civiles y reveló que el Ejército tiene confeccionada una lista de tres mil militares, pertenecientes a diferentes unidades, a los que se está investigando. Bendini recalcó que el ser objeto de una investigación no implica necesariamente la culpabilidad.
Las estimaciones sobre el número de personas que pueden ser acusadas se basan en los informes elaborados por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que tiene una nómina de torturadores elaborada a partir de los diferentes testimonios de víctimas. Dicho listado contiene unos 1,600 nombres, pero hay una proporción importante que están repetidos debido a que fueron aportados diferentes testimonios.
Además desde que se promulgaron las leyes anuladas el pasado martes, al menos medio centenar de acusados ha fallecido y cuatro han sido declarados incapacitados, entre ellos Emilio Eduardo Massera, miembro de la primera Junta Militar de la dictadura y responsable del centro clandestino de torturas situado en la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) en Buenos Aires. Oficialmente hay además 19 prófugos.
Lo cierto es que las causas más complejas que tiene entre manos en la actualidad la justicia argentina son precisamente las que hacen referencia a los crímenes cometidos durante la dictadura militar. En la capital federal se investigan las torturas cometidas en la ESMA y el Primer Cuerpo del Ejército, así como la alianza entre los dictadores suramericanos del momento para hacer desaparecer a los opositores, conocida como el Plan Cóndor.
En siete provincias hay otros procesos en marcha, cuyos jueces pueden continuar ahora con las investigaciones sin frenos legales.
Existen dudas sobre procesos
La decisión de la Corte Suprema argentina ha abierto importantes dudas sobre cómo se desarrollará en la práctica la medida de acabar con la impunidad de los crímenes cometidos durante la dictadura militar. ?Aquí hay importantes interrogantes que tendrán que ser resueltos por el mismo tribunal?, advirtió en Buenos Aires el director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW) José Miguel Vivanco.
?Para empezar se va a tener que distinguir entre los casos que ya han sido juzgados de aquellos que fueron paralizados y que decidir sobre la retroactividad o no de una medida que afecta a hechos cometidos hace 30 años?.
Para Vivanco es fundamental que, aparte de un sustento legal como el proporcionado por la Corte Suprema, existan medios necesarios para el esclarecimiento de la verdad. Otra de las incógnitas que ha generado el fallo de la Corte Suprema es si el actual mandatario, Néstor Kirchner, puede o quiere derogar los indultos que el ex presidente Carlos Menem otorgó a los miembros de las diferentes juntas militares que gobernaron el país durante la dictadura y que fueron condenados a cadena perpetua.
