En medio de los escándalos políticos, pifias judiciales, la violencia y corrupción generada por el crimen organizado, surge otro elemento para enrarecer aún más –si es que esto es posible- el actual clima de incertidumbre que marca a hierro el escenario nacional.
El Pemexgate, el primer escándalo político-electoral del actual sexenio y que parte del supuesto desvío de recursos desde Pemex hacia la campaña electoral de Francisco Labastida Ochoa, registró ayer un nuevo episodio: El juez cuarto de distrito en Materia de Amparo, Amado Chiñas Fuentes, otorgó al político coahuilense, Rogelio Montemayor Seguy, un amparo en contra de la orden de aprehensión por el delito electoral que en su momento le giró el juzgado 13 de Procesos Penales Federales, simple y sencillamente porque la PGR no acreditó que el ex director de Petróleos Mexicanos haya desviado dinero de la paraestatal hacia la campaña presidencial priista.
Así, cuatro años después, el ex senador y ex gobernador de Coahuila ganó el amparo en contra de la acción que emprendió la PGR. De inmediato, la dependencia anunció que impugnará el amparo contra la orden de aprehensión por el presunto delito de peculado electoral.
La PGR insiste en que está perfectamente acreditado que Rogelio Montemayor realizó acciones tendientes a la entrega de dinero de la paraestatal al sindicato petrolero, aunque el fin último era que esos recursos llegaran a la campaña de Francisco Labastida Ochoa en el año 2000. Sin embargo la gran afirmación no se ha podido sustentar en donde debe y vale, ante los juzgados.
Entonces, a la escalada de violencia del narco -con su respectiva infiltración en Los Pinos- y los golpes bajos en torno al probable desafuero de Andrés Manuel López Obrador, hay que agregar la lucha (aparentemente a ganar) de Rogelio Montemayor y todos los implicados en el llamado Pemexgate, para conformar un escenario que pone en entredicho al sistema de justicia en México.
Poco realmente y en el fondo, habrá cambiado en nuestro país en los últimos cuatro años, si un elemento fundamental de cualquier Estado moderno como lo es precisamente la certidumbre jurídica y el imperio de la Ley, en nuestro país continúa con sus asegunes, tumbos y pifias.
