El gobernador Enrique Peña Nieto se prepara a expedir un certificado de buena conducta a su hacedor, Arturo Montiel Rojas, a fin de exonerarlo de responsabilidades relacionadas con la fortuna que construyó o recibió en un lapso brevísimo. Ordenó a la Secretaría de la Contraloría de su Administración evaluar “la aplicación de los recursos (durante el sexenio pasado) y, si hubiese alguna anomalía, imponer las sanciones correspondientes”.
Es muy fácil adivinar el resultado de esa evaluación porque formalmente debió haberse hecho ya, año con año desde 1999 y, que sepamos, no resultó de ella ninguna observación que el Ejecutivo debería haber atendido. Funcionalmente, pues, la Contraloría no hará nada diferente de lo que ya hizo y el fruto de su indagación, de hacerse, está prefigurado. Lo está, además, porque Eduardo Segovia, titular de esa oficina, encargada presuntamente de investigar a Montiel Rojas fue designado por Montiel Rojas y confirmado en su cargo por Peña Nieto.
Adicionalmente, en el remoto caso de que Peña Nieto decidiera echar paletadas de tierra en la tumba de su antecesor, correría el riesgo de quedar sepultado él mismo, pues fue secretario de Administración (una de cuyas responsabilidades es la realización del gasto público) durante la primera mitad del sexenio anterior, y en la segunda como jefe de los diputados priistas tuvo un papel determinante en la aprobación de la cuenta pública anual de su jefe. Ese es otro motivo por el que sería candoroso esperar de la evaluación encargada por el gobernador una incriminación contra el fabricante de su actual condición.
Otra señal de que la averiguación será banal y en consecuencia deliberadamente estéril consiste en la negativa del propio Peña Nieto a cumplir una resolución del Instituto local de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dispuso que su oficina de comunicación social la atendiera a medias (luego de su reticencia inicial) y comunicara el monto gastado por el Gobierno anterior en publicidad y propaganda de julio de 2004 al mismo mes siguiente, pero sin incluir copia certificada de los contratos relativos.
Y es que darlos a conocer implicaría no sólo la confesión de un delito, consistente en el uso de recursos públicos en una campaña política, la suya, sino que reforzaría la escandalosa evidencia de que Televisa y empresas adosadas a ese consorcio practican la manipulación política como medio para acrecentar sus ganancias. Tal vez esos contratos fueron suscritos con TV Promo y Radar, dos empresas intermediarias que acaso suscribieron un contrato de simulación con el Gobierno del Estado de México, que amparó cuatro campañas: la del gobernador saliente, la de credencialización con miras a la elección de julio pasado, la de Peña Nieto y la de promoción presidencial de Montiel Rojas. Por eso, cuando se intentó probar el exceso de gasto del hoy gobernador no fue posible hacerlo, pues estaba escondido en esta operación.
No fue posible esconder, sin embargo, la secuela de ese contrato de simulación. Jenaro Villamil, que de riguroso analista de los medios de información se ha convertido en un singular informador sobre ellos (sin perder su hondura en el examen de los mismos), tuvo acceso a un Plan de trabajo de esas empresas vinculadas con Televisa que, eliminando la relación directa con el Gobierno de Toluca, proporcionará beneficios a ambas partes. Tan sólo en el primer año del sexenio de Peña Nieto, que comenzó el 16 de septiembre, “el erario del Estado de México le destinará a Televisa, a través de TV Promo y Radar, 742 millones de pesos, de los cuales 691 millones serán para spots y la compra de espacios en sus noticiarios y en programas de espectáculos” (Proceso, 23 de octubre).
Alejandro Quintero Íñiguez, vicepresidente corporativo de comercialización de Televisa tiene el control de las empresas adosadas y por lo tanto capacidad de ofrecer servicios cumplidos por el consorcio televisivo pero pagados a sus intermediarias. Está previsto que durante las fiestas navideñas, cuando se cumplan cien días del Gobierno de Peña Nieto, que incluyen enlaces, entrevistas y notas en apariencia informativas que, sin embargo, como todavía se hace en no pocos medios impresos son gacetillas tasadas y pagadas : 180 notas en las emisiones informativas costarán poco más de trescientos millones; tres reportajes en la serie Los reporteros, casi seis millones de pesos, seis entrevistas en varios noticiarios, casi 43 millones de pesos, tres ediciones de Zona Abierta, diez millones de pesos, etc.
El documento reseñado por Villamil no incluye sólo providencias mediáticas sino también estrategias políticas. Hay que tener presente que Quintero Íñiguez en etapas en que ha permanecido fuera de Televisa prestó servicios de consultoría, por ejemplo a la campaña de Francisco Labastida. De modo que su plan de trabajo corre también por esa vertiente. Propone varios escenarios críticos y posibilidades de reacción frente a ellos. Entre esas situaciones difíciles se enumeran los “Enfrentamientos abiertos entre AMR y RMP”. Ciertamente no se requerían especiales aptitudes analíticas para prever la guerra entre los dos precandidatos registrados el siete de octubre. Pero invita a la reflexión el que augure esos encaramientos la misma empresa que provocó y exhibió el más sonado de sus diferendos. Para hacer creíble a Peña Nieto la perspicacia de sus asesores políticos y mediáticos, ¿serían capaces de suscitar el pleito? No digo que no.
