“Si hay elementos, que me castiguen, pero sí no los hay, que ya no sigan con este calvario por favor, porque yo me voy a morir aquí”.
Nahúm Acosta
Hace algunos días, al dar una conferencia, alguien me preguntó si no me inquietaba la penetración del narco en Los Pinos. Mi interlocutor se refería a la imputación en contra de Nahum Acosta Lugo, ex coordinador de giras presidenciales, de haber pasado información a narcotraficantes sobre los movimientos del presidente Vicente Fox.
Mi respuesta fue que no estaba yo seguro de si realmente el narco había penetrado en Los Pinos. La información disponible, señalé, no deja en claro si estamos viendo un ejemplo del enorme poder del narcotráfico o de la capacidad de abuso de nuestro sistema de justicia.
Parece extraño que una persona pueda vulnerar la seguridad presidencial y ser detenido por divulgar información que en principio es pública. Efectivamente, la mayor parte de la agenda presidencial es del conocimiento general. Son muy pocas las actividades presidenciales cuya ubicación no se divulga con anterioridad y se trata en general de reuniones en el interior de Los Pinos.
El caso en contra de Nahum Acosta se encuentra todavía en etapa de averiguación previa y por lo tanto, es poco lo que se sabe del tema. Se ha dicho que por correo electrónico el ex funcionario enviaba información sobre las giras presidenciales a alguien vinculado con el narco, aunque quienquiera que participe en una labor de espionaje sabe que el correo electrónico es la menos segura de las formas de comunicación.
También se ha dicho que, por celular, otro medio inseguro de comunicación, hablaba con alguien relacionado con el narco. Se ha señalado también que podría haber “testigos protegidos” que declararía en contra de Acosta, pero la experiencia nos dice que la mayoría de éstos son simples testigos comprados que declaran a voluntad del comprador.
Ayer el subprocurador dijo que había dos testigos que afirman que vieron a Acosta recibir cinco mil dólares de un narco, pero si es así no se entiende porqué no se han presentado ya cargos.
No veo, pues, razón para alarmarse. Si bien reconozco que habrá que analizar las pruebas concretas que se presenten, no parece haber indicaciones claras ni de la responsabilidad de Acosta ni de que se haya vulnerado la seguridad de la Presidencia de la República.
El propio secretario de Gobernación, Santiago Creel, pareció ratificar esta posición ayer en su comparecencia ante la Cámara de Diputados cuando dijo: “Puedo informar que esta persona (Acosta Lugo) no tuvo acceso a información que no fuera la vinculada a la logística de las giras presidenciales, que por cierto comparte un sinnúmero de personas de los gobiernos estatales y municipales”.
Entonces, ¿por qué la persecución?
Hasta ahora el caso de Nahum Acosta parece más un ejemplo de los abusos que comete la justicia mexicana que de una vulneración de la seguridad nacional. Uno de los principios fundamentales del derecho en cualquier lugar del mundo es que toda persona debe ser considerada inocente mientras no se demuestre su culpabilidad.
Este principio se ve reflejado en los artículos 19 y 20 de la Constitución mexicana. El primero establece que “ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del término de setenta y dos horas”. El segundo le da la garantía al inculpado de enfrentar su juicio en “libertad provisional bajo caución” excepto en casos de delitos graves. Esta última garantía reconoce el hecho de que la prisión preventiva castiga antes de comprobar la culpabilidad de un acusado.
Pero las autoridades judiciales violan cada vez con mayor frecuencia este precepto constitucional a través del “arraigo domiciliario”. El propósito de esta figura es permitir a las autoridades mantener a un sospechoso bajo vigilancia en su domicilio para evitar su fuga durante la investigación. Se ha convertido, sin embargo, en una forma de prisión ilegal. Para empezar, no se ejecuta en el domicilio del sospechoso sino en una cárcel clandestina.
Además, deja en estado de indefensión a una persona durante semanas o meses.
Nahum Acosta está siendo sometido a un castigo puesto que ya se le ha privado de la libertad. Es un castigo por una acusación que no se le ha hecho formalmente y que, por lo tanto, no se ha comprobado, la cual se sustenta en pruebas que parecen sumamente endebles.
Que no nos digan, entonces, que en México vivimos un verdadero régimen de derecho.
OAXACA
Alejandro Enrique Figueroa fue removido de su cargo como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. ¿Su delito? Haber avalado la absolución de Gabino Cué, ex candidato de oposición al Gobierno de Oaxaca, por el supuesto delito de peculado. Una vez más los políticos castigan a un juez por cumplir con su deber.
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