El Gobierno de Nicaragua planteará a la OEA las nuevas violaciones que liberales y sandinistas han cometido en contra de la Constitución.
Managua, (EFE).- El Gobierno de Nicaragua pedirá a la OEA que envíe una misión de alto nivel que permanezca en el país y que participe en el diálogo nacional para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, informó hoy el canciller, Norman Caldera.
El ministro nicaragüense dijo a periodistas que durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que comienza el domingo en Fort Lauderdale (EU), planteará las nuevas violaciones que liberales y sandinistas han cometido en contra de la Constitución.
El Parlamento nicaragüense, dominado por liberales y sandinistas con 81 de los 91 escaños, nombró ayer, jueves, al Superintendente de Servicios Públicos (Sisep) y cuatro Intendentes, en una demostración de poder en contra del Ejecutivo.
El nombramiento ha profundizado la crisis política-institucional que vive Nicaragua desde hace meses por los roces entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
"Hay una nueva violación a la Constitución, se ha roto el orden democrático porque se ha violado la separación de poderes y eso es lo que vamos a exponer", dijo Caldera.
"Sin duda alguna que vamos a pedir que venga un grupo de facilitadores (de la OEA) para (que participe en) el diálogo, que nos sirva de apoyo a como ocurrió en el pasado con el Grupo de Contadora", agregó el canciller.
El Grupo de Contadora fue un foro mediador de la paz en Centroamérica a finales de la década de 1980 y lo integraban Colombia, México, Panamá y Venezuela, junto con su Grupo de Apoyo, del que participaban Argentina, Brasil, Perú y Uruguay.
"Queremos participar en un diálogo que sea inclusivo y que ayude a resolver los problemas, no un diálogo de sordos y en ese sentido la presencia de la OEA sería una condición para reintegrarnos al diálogo para que haya garantía de cumplimiento", dijo Caldera.
El Gobierno se retiró del diálogo nacional el pasado 13 de abril al entender que liberales y sandinistas nombraron a funcionarios públicos sin tomar en cuenta al Ejecutivo.
La oposición eligió el jueves a las autoridades de la Sisep y aplicaron así las reformas constitucionales que ratificaron en enero pasado y que le restan poderes al Ejecutivo para efectuar nombramientos de altos cargos.
El Gobierno desconoce las reformas en base a una sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) del 29 de marzo pasado que las declaró "jurídicamente inaplicables".
