Alega la Suprema Corte que el único facultado para otorgar la libertad provisional de personas sometidas a procedimientos de extradición es el juez que lleva el caso.
MÉXICO (AP).- La Suprema Corte rechazó el miércoles una solicitud de seis presuntos miembros del grupo separatista vasco ETA para enfrentar en libertad provisional un proceso de extradición a España, donde son requeridos bajo acusaciones de terrorismo.
La Primera Sala de la Corte resolvió que el único facultado para otorgar la libertad provisional de personas sometidas a procedimientos de extradición es el juez que lleva el caso y no el máximo tribunal del país, lo cual fue criticado por la abogada de los vascos.
Los ministros señalaron que la Constitución "faculta al juez y no a la Suprema Corte a decidir sobre la libertad provisional bajo caución del procesado", en este caso de los vascos que se encuentran detenidos en una prisión de la capital desde julio del 2003.
"Eso es algo absurdo, porque precisamente nosotros argumentamos que un juez no es simplemente un juez penal, es un concepto más amplio que se aplica a cualquier persona que tiene facultades de juzgar o emitir sentencia y la Corte tiene esa facultad", dijo a la AP Bárbara Zamora, abogada de los detenidos.
La Corte aún tiene que resolver un amparo que presentó la defensa de los vascos (cinco hombres y una mujer) para evitar su extradición a España, aunque no tiene ningún plazo para emitir su fallo.
Zamora comentó que habían pedido a la Corte concediera la libertad provisional para que enfrentaran fuera de la cárcel el proceso de extradición.
Los vascos Asier Arronategui, Ernesto Alberdi, Félix Salustiano García, Juan Carlos Artola, José María Urquijo y María Asunción Gorrochategui fueron detenidos en un operativo de la Procuraduría General de la República (PGR) en 2003.
Con base en información española, la PGR afirmó que los seis integraban una célula que recaudaba dinero para la ETA y protegía a otros miembros de esa organización que salían al exilio.
Los detenidos han negado haber pertenecido al grupo.
La cancillería mexicana concedió el 30 de julio del 2004 su extradición a España por los delitos de integración de una banda terrorista, blanqueo de capitales y recibir recursos procedentes de actividades terroristas.
La primera solicitud de amparo fue presentada en agosto del 2004, aunque meses después fue negado por un juez, por lo que la defensa solicitó que la Suprema Corte lo revise y resuelva en definitiva.
Los vascos han dicho que de ser enviados a España correrían el riesgo de ser sometidos a torturas y vejaciones.
Zamora señaló que en caso de que la Corte no detenga la extradición, acudirán a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
