La maniobra tejida durante once meses para desaforar a Andrés Manuel López Obrador, llevarlo a prisión e inhibir su aspiración presidencial comenzó a derrumbarse anteayer, cuando la Procuraduría General de la República consignó el caso ante la justicia pero se abstuvo de solicitar orden de aprehensión, elemento axial de la urdimbre antidemocrática. Esa es la nuez de lo ocurrido el miércoles, la buena noticia que el Gobierno Federal, para no perder cara, pretendió disimular tras un sainete, una función de gran guiñol que evidenció de manera burda la injerencia de la casa presidencial y el PAN en el intento, a punto ya de frustración completa, de eliminar al jefe de Gobierno de la contienda política del año próximo.
Al leer un documento sobre el tema, después de estar en Los Pinos, visita que constituyó un mentís al mito de la autonomía del ministerio público, el subprocurador Carlos Javier Vega Memije escondió la trascendental decisión en un relato fantástico. Según esa narración, “en cumplimiento de su obligación de velar por los derechos humanos de los ciudadanos”, el agente del ministerio público que haría la consignación del caso recordó el viernes pasado, 15 de abril, a López Obrador, “su derecho a obtener la libertad bajo fianza”. Además de hacerlo llegar al interesado (que no sé si lo recibió), “el acuerdo fue publicado en los estrados de las oficinas del Ministerio Público de la Federación y se le fijó como garantía para gozar de la libertad provisional la cantidad de dos mil pesos”.
Eso dice el relato de Vega Memije. No dice lo que se espera que creamos. Que los diputados locales panistas Gabriela Cuevas y Jorge Lara pasaban por allí y se impusieron en los estrados de la comunicación dirigida a López Obrador. Y luego de “una reflexión larga, continua”, según la describió Lara, ambos se apersonaron “en el ministerio público de la Fiscalía de Servidores Públicos (sic) a efecto de exhibir... el billete de depósito por la cantidad de dos mil pesos”.
(Esa cifra, digámoslo entre paréntesis, da idea del tamaño de la infracción penal que se atribuye a López Obrador, pues según las reglas procesales, la fianza debe garantizar “el monto estimado de la reparación del daño” y “las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponerse y también debe asegurar “el cumplimiento de las obligaciones... que la Ley establece en razón del proceso”. Todo lo cual se cubre con dos mil pesos).
La acción de los legisladores panistas, pugnases cuestionadores de la gestión de López Obrador, fue descrita por Vega Memije como la de “dos ciudadanos mexicanos”, deseosos de que “Andrés Manuel López Obrador goce de la libertad provisional desde este momento”. La garantía, dijo el subprocurador, fue aceptada con base en el artículo 416 del código de procedimientos penales “que permite que un tercero otorgue garantía”.
Es así en efecto. Pero ese texto legal convierte a tal tercero es una suerte de tutor del inculpado, lo sustituye en cierto modo (pues “las órdenes para que comparezca éste se entenderán con aquél”), se obliga a presentarlo y “cuando no se obtiene la comparecencia del inculpado... se hará efectiva la garantía...”.
Es de preguntar a los diputados cómo harían para cumplir las obligaciones que con su fianza contrajeron, cómo harían comparecer a López Obrador y más todavía si estaban siquiera enterados de tales obligaciones. La libertad que presuntamente consiguieron para su adversario es enteramente superflua y por lo tanto prescindible. El jefe de Gobierno no está hoy libre bajo caución. Está libre a secas. Y si puede decirse, más libre que nunca, pues no pende sobre él el riesgo de ser aprehendido, porque no se formuló el pedido correspondiente. Pero, para fortuna de los diputados, no deberán preocuparse por ello, porque ayer mismo el jefe de Gobierno demoró su viaje a Guadalajara para apersonarse ante el juez de su causa, al que no se pidió que expida orden de aprehensión sino de comparecencia, para demandar la revocación de la fianza apresuradamente (para decir lo menos) aceptada por el ministerio público respetuoso de los derechos humanos.
No habría razón para que el juez Juan José Olvera rechace ese pedido de López Obrador. Pero, en rigor ni siquiera debería ocuparse en resolver la cuestión, porque antes recibió un “oficio de conocimiento” emitido por la Asamblea Legislativa, por el que se le hace saber “que no ha lugar a proceder en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal”, ni a retirarle la inmunidad constitucional, tal como lo acordó ese cuerpo legislativo capitalino. Esa resolución de la ALDF tiene plena vigencia, pues el ministro José Ramón Cossío, de la Suprema Corte, rehusó conceder a la Cámara de Diputados la suspensión de los efectos de ésa y otras decisiones de la Asamblea.
Se recuerda en esa comunicación al juez Olvera que está penado abrir un proceso “contra un servidor público con fuero, sin habérsele retirado éste previamente conforme a lo dispuesto por la Ley”. La Asamblea sostiene que, siendo equiparable la jefatura de Gobierno a una gubernatura (y su papel al de una legislatura) el siete de abril la Cámara de Diputados debió aplicar las reglas correspondientes a los ejecutivos locales, por lo que el procedimiento contra López Obrador no se realizó “conforme a lo dispuesto por la Ley”.
Es probable entonces, sería sensato, que el juez de la causa espere que la Corte resuelva el fondo de las controversias con que la Cámara y la Asamblea pretenden hacer valer su autoridad en este caso.
