Primera de dos partes
Aun cuando el Gobierno cree lo contrario, sí suceden cosas en el país y esos sucesos no advierten que lo mejor esté por venir. Día tras día y en distintos frentes, la falta de liderazgo en el Gobierno amplía los campos de maniobra de actores y factores de poder -formales e informales- que, libre el espacio, jalonean y acomodan a su leal entender o a su leal interés las instituciones o las políticas que, en realidad, corresponden al Estado.
La pérdida del Gobierno en los penales federales no es un incidente en una pequeña área de la administración, es el reflejo de una crisis mucho más aguda que comienza a tomar expresión de manera generalizada. La semana que hoy concluye deja ver la presión de los partidos sobre la autoridad electoral, la incapacidad del Poder Judicial para consolidar su autoridad y el realineamiento de la política exterior mexicana al interés estadounidense. Sí están pasando cosas y no son las mejores.
El cambio comienza a adquirir el carácter de una involución, no de una evolución política. Es un cambio, pero no el prometido.
*** El desplante del PVEM ante la autoridad electoral habla no del interés de una fuerza desprestigiada en tener la certificación de sus estatutos, no. Revela el afán de los partidos políticos por limitar y acotar, a partir de su vulneración, a esa autoridad. Fieles a su tradición, los verdes rentaron su causa a los partidos grandes para meter en cintura a la autoridad electoral que no se ajusta a su dictado.
Quieren pasar del ensayo democrático al ensayo partidocrático. El problema del consejo ciudadano del IFE se incubó desde la integración misma de ese órgano. De la representación ciudadana en ese órgano, el PRI, el PAN y el PVEM hicieron un ejercicio de cuotas de poder mientras que el PRD se marginó de esa operación.
Pero, en el caso del PRI, la cuota correspondiente no fue para el partido, como para el grupo hegemónico que en ese entonces controlaba a esa formación... y esa hegemonía cambió: Elba Esther Gordillo dejó de ser el factor de decisión en el PRI.
Desde aquel momento, se advirtió el problema de legitimidad que afectaba por extensión al conjunto de los consejeros ciudadanos. Se recomendó (Sobreaviso, ocho de noviembre de 2003) la renuncia del Consejo, señalando que el problema no estaba en los integrantes del mismo sino en los partidos y sus respectivas fracciones parlamentarias. En relación con la integración del Consejo, en aquella columna se estableció lo siguiente: “la actuación de los diputados -principalmente del PRI y el PAN- constituye una regresión. Por un lado, repone un debate electoral superado: el divorcio entre la legalidad y la legitimidad de las decisiones.
Por otro lado, usurpa una institución creada y diseñada para la ciudadanía y no para los partidos políticos”. Obviamente, se desconsideró la renuncia. Algunos analistas daban por un hecho que el desarrollo y la solidez de la institución electoral garantizaban la actuación imparcial de los consejeros. Otros pedían darle la oportunidad al Consejo de acreditar, en su actuación, su legitimidad y autoridad.
En otras palabras, la legalidad de la integración del Consejo quedaba certificada por el voto del 80 por ciento de los diputados; la legitimidad del Consejo se demostraría a plazos.
En el medio, ocurrieron dos hechos importantes. Por un lado, el grupo hegemónico del PRI cambio de manos y, por el otro, el Consejo tuvo que atender las tareas relativas a la fiscalización del financiamiento de los partidos y la vigilancia de sus procesos internos.
Tareas que, evidentemente, en nada les gustan a los partidos. Así, aunque el PRI, el PAN y el PVEM habían integrado relativamente a modo el nuevo Consejo, éste no les estaba respondiendo como querían. A ninguna de esas fuerzas (incluido, ahora, el PRD) les gustó que el Consejo interviniera en asuntos “internos” de los partidos -como si los millones de pesos provenientes de recursos públicos fueran un regalo sin compromiso- y menos les gustaron los montos de las sanciones impuestas a causa de sus trastupijes, como tampoco los plazos para cubrir aquéllas.
El malestar de los partidos -destacadamente del PRI, el PAN y el PVEM- iba en aumento y la certificación de los estatutos de los verdes les vino como anillo al dedo para intentar meter en cintura al Consejo que, en su lógica, a esas fuerzas se debía.
Hoy, en los hechos, el Senado presiona al IFE y de paso al tribunal electoral. Algunos senadores argumentan que “el exhorto” hecho a la autoridad electoral fue para evitar el enjuiciamiento de cinco consejeros que pretendía el Partido Verde. En buen romance, argumentan que le tuercen el brazo al IFE para no rompérselo. Así son de considerados Enrique Jackson, Diego Fernández de Cevallos, Jesús Ortega y esa gran legisladora verde que es Gloria Lavara.
Más allá de la circunstancia que afronta el Consejo del IFE, quien verdaderamente está contra la pared es el electorado. Está obligado a defender a una autoridad que lo representa pero que, absurdamente, fue impuesta por los propios partidos que convirtieron un ejercicio de consenso en uno de cuotas.
Se trata, pues, de defender una contradicción: un Consejo Ciudadano usurpado por los partidos que, por sus enredos internos, no quedaron satisfechos con la usurpación cometida.
Los partidos quieren pasar del ensayo democrático al partidocrático porque, en el fondo, siguen viendo la política como patrimonio de su exclusiva competencia. Sin capacidad del Poder Ejecutivo para constituirse en Gobierno, los partidos quieren gobernar al país conforme a su leal interés.
Por la puerta del Poder Legislativo, en este caso el Senado, los partidos tienen claro que tienen la llave para presionar al Consejo o a los consejeros y de ser el caso, para deponerlos.
Muy poco les importa a los partidos vulnerar a la autoridad electoral, siendo que ella está a punto de sacar el silbato para arbitrar una contienda que, de más en más, se complica. Pusieron contra la pared, no a los consejeros, a la ciudadanía.
*** Al deterioro de la autoridad electoral lo acompaña el de la autoridad judicial pero, en este caso y de manera increíble, el deterioro corre por cuenta de los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia. Pese a la evidencia de la importancia de los asuntos que trae en cartera y del relevante rol que juega ante el desentendimiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, el Poder Judicial está dispuesto a pegarse un tiro en el pie.
Sí, un poder que está rehabilitando su poder -como lo es el Judicial- no ha tenido la grandeza de reconocer un error procedimental y en la necedad de ignorarlo, vulnera su incipiente autoridad. Peor todavía, la vulnera cuando ese valor se está perdiendo en el país.
Los propios ministros reconocen un error en los términos de la aceptación de la controversia constitucional planteada por el Poder Ejecutivo pero lo minusvaloran. La consideran un asunto menor que no afecta la materia de fondo. Sin embargo, el procedimiento de aceptación se está convirtiendo en la materia de fondo. E increíblemente eso no les dice nada a los ministros.
Desacreditados y desautorizados dos de los tres poderes de la Unión -el Legislativo y el Ejecutivo-, el Poder Judicial tendría que cuidar con esmero el valor de la autoridad que representa. Es la última instancia. Pero no, en vez de escapar a la dinámica de deterioro y descalificación entre el Legislativo y el Ejecutivo, el Judicial parece interesado en integrarse al juego.
Continuará mañana...
