*Las sorpresas del cambio al 28 de Ley de Radio y TV y abren puerta a 100 por ciento de Inversión Extranjera Directa (IED) en medios.
*Losada con Azcárraga para Mexicana, quizá Davis y Saba; CFC obstáculo para ley Hamdan; Cerisola sigue y otro suburbano; ahora Alstom porsoborno a Caso.
Y MIENTRAS MÁS se analizan algunos cambios pretendidos a las leyes de Radio y TV y de Telecomunicaciones que la semana pasada aprobaron en “fast track” los legisladores de todas las fuerzas políticas por unanimidad, esto es 327 votos a favor y cero en contra, hay otras implicaciones colaterales en esa iniciativa, que más vale que los Senadores perciban, antes de que sea demasiado tarde.
Como es público la propuesta fue presentada por el priísta Miguel Lucero Palma, aunque se ha revelado que el legislador fue un mero instrumento, puesto que párrafos completos de la propuesta fueron tomados del libro “Legislación en Telecomunicaciones” escrito por Javier Orozco, actual presidente de la comisión de Radio y TV de la Cámara de Diputados. Hay incluso quien asegura que éste último fue a su vez asesorado por el funcionario de Televisa, Javier Tejado.
La iniciativa pretende que Cofetel que lleva Jorge Arredondo asuma las facultades que hoy tiene el gobierno para regular radio y TV abierta. Suena sensato, pero antes habría que fortalecer la independencia de ese órgano regulador.
También se busca que las concesiones de radio y TV se otorguen en licitación, pero sin establecerse filtros que garanticen la calidad de aquellos que participen, amén de ciertos parámetros que salvaguarden una sana competencia.
Pero en la iniciativa hay todavía un punto más peligroso y que hasta ahora quizá no se ha percibido. Tiene que ver con la modificación al artículo 28 de la Ley de Radio y TV. Conforme a lo que ahí se expone, una radiodifusora o televisora sólo tendrá que solicitar el aval a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para utilizar el espectro que se le otorgó en su concesión, para ofrecer otros servicios de telecomunicaciones. Únicamente habría que pagar una contraprestación.
El mayor beneficiario con esta medida sería Televisa de Emilio Azcárraga, puesto que al tener cuatro concesiones que son los canales 2, 4, 5 y 9 puede alcanzar un ancho de banda de hasta 24 MGhz, suficiente para competirle a Telmex de Carlos Slim en su terreno. No es el caso de ninguna estación de radio.
Llama la atención que en el mismo acto se autoriza a que la SCT sustituya de golpe el título de concesión que las empresas de radio y televisión obtuvieron, para que a su vez estas últimas se rijan por la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Por ese simple hecho, se corre el riesgo de que en materia de televisión digital por ejemplo, los concesionarios de TV podrían quedar exentos de devolver la señal analógica que en el tiempo deberán sustituir por los canales digitales.
Conforme a las reglas establecidas en ese campo, se fijó un plazo de hasta 20 años para ir sustituyendo gradualmente la señal analógica por digital en las distintas ciudades del país, con la condición de que devuelvan las actuales opciones analógicas que se utilizan. Esto podría cuestionarse en el contexto de la ley de telecomunicaciones.
Pero lo anterior podría ser de poca monta, si además se advierte que al permutarse el título de radio y TV por el de telecomunicaciones como se propone en el 28 y 28-A, también en el terreno de la inversión extranjera habría implicaciones.
Y es que hoy la legislación de radio y TV sólo autoriza un 49 por ciento, mientras que en telecomunicaciones se podría acceder en un momento dado hasta un 100 por ciento, si se esgrime el caso de la telefonía inalámbrica hoy sin restricciones.
Ciertamente se podría alegar que en radio y TV un extranjero puede tener el control con inversión neutra, pero esto no le da derecho a voto, mientras que al permutarse la legislación lo anterior se modificaría con las implicaciones correspondientes, nacionalismo aparte.
Como ve, tras bambalinas la iniciativa podría tener ésta y otras más sorpresas para las fuerzas políticas que aprobaron una iniciativa básicamente para cerrarle el paso a la discrecionalidad de la que podría echar mano Vicente Fox para entregar más concesiones.
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TODO INDICA QUE serán algunos socios de IXE, grupo que comanda Enrique Castillo, quienes podrían subirse al capital de Mexicana en el primer trimestre del próximo año, una vez que se liquiden los 165.5 millones de dólares en efectivo que ofreció Gastón Azcárraga de Posadas. El que más relevancia podría tener sería Ángel Losada de Gigante, quien se sabe, aportaría más de 30 millones de dólares, monto que lo colocaría como el segundo accionista en importancia. También estarían, aunque en una proporción menor, Henry Davis e Isaac Saba. Este último contendió y podría llegar por otra puerta.
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UN OBSTÁCULO QUE podría presentarse para la Ley de Prácticas Comerciales que empuja el senador Fauzi Hamdan es la CFC que encabeza Eduardo Pérez Motta. La instancia antimonopólica hizo oficial su absoluta renuencia en un foro que se realizó el pasado 29 de noviembre para analizar la iniciativa, ubicándose mucho más cerca de la posición de CONMEXICO que lleva Enrique de la Madrid, organismo que ha resaltado el tema de la excesiva autorregulación para autoservicios y departamentales, en la línea de Wal-Mart de Eduardo Solórzano y ANTAD que lleva Vicente Yánez. En cambio Economía de Sergio García de Alba se ha manejado con una posición neutra para evitar convertirse en el villano de la película.
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MÁS ALLÁ DE la versión en cuanto a que Pedro Cerisola busca una senaduría por el PAN, le puedo asegurar que en su perspectiva no está renunciar a su posición en lo que resta del sexenio. Así nos lo corroboró una fuente cercana al funcionario, máxime los proyectos que hay en puerta para el 2006, entre ellos más carreteras, un corredor multimodal Altamira-EU y sorpresa, la posibilidad de un nuevo suburbano en la capital que ya se estudia para Ecatepec-Los Reyes La Paz.
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MENSAJE DE LA SFP que lleva Eduardo Romero Ramos contra el soborno. Ayer finalmente pudo inhabilitar por dos años a Alstom, la francesa que lleva Erich Wetzel, por una vieja licitación de 1999 con LyFC en la época de Alfonso Caso y de Antonio García Rojas como director de abastos. Se pudo detectar la existencia de tres off shore en Panamá por medio de las cuales se hicieron los traspasos en beneficio de los funcionarios. Hay además un proceso penal abierto en la Procuraduría General de la República (PGR).
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