Reconoce la organización internacional "Nessuno tocchi Caino" los esfuerzos del país por erradicar la pena de muerte.
México, (Notimex).- El secretario de la organización internacional "Nessuno tocchi Caino" (Que nadie toque a Caín), Sergio D'elia, dio a conocer que México se encuentra entre los nominados para recibir en 2006 el Premio al Abolicionista del Año.
En conferencia de prensa indicó que los esfuerzos efectuados a nivel interno y mundial para erradicar la pena de muerte, incluso del Código de Justicia Militar, le valieron al país la candidatura para recibir ese reconocimiento.
También por ese trabajo, se invitó al país a formar parte de la coalición de naciones que en otoño de 2006 presenten ante la Asamblea General de la ONU la propuesta moratoria de abolición de la pena capital.
Luego de presentar el informe "La Pena de Muerte en el Mundo", destacó el gran mérito de México de avanzar en el respeto a los derechos humanos tanto en el interior del país como ante los organismos multilaterales.
D'elia resaltó que además es un mérito más de México ser el único país en el mundo que ha desafiado a Estados Unidos en la aplicación de la pena de muerte al triunfar en el caso Avena en la Corte Internacional de Justicia, que determinó la revisión de los 51 expedientes de connacionales sentenciados a este castigo.
Explicó que el premio que otorga esta organización en su emisión 2006 consiste en que el informe del próximo año tendrá una dedicatoria especial al ganador, que además podrá elaborar el prólogo. Tambien figuran como candidatos Liberia y Turquía.
Este año, el informe fue dedicado al presidente de Senegal, Abdoulaye Wade, país que en 2004 abolió la pena capital y que conmutó sentencias de muerte a cuatro presos por penas de cárcel.
Durante el evento, la subsecretaria para Temas Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, María del Refugio González Domínguez, destacó que el gobierno de México se ha pronunciado en contra de la pena de muerte en diversos foros internacionales.
La postura mexicana es que la pena capital no sólo es contraria a los derechos humanos, sino también porque su eficacia disuasiva y utilidad funcional son altamente cuestionables.
