Por: Agustín Cabral Martell
LA AGRICULTURA Y LA RAZON SOCIAL EN MÉXICO
En México existen dos tipos de agricultura, la orientada al mercado y la agricultura de subsistencia. No se puede pretender, con instrumentos orientados a una de las dos agriculturas solventar problemas de la otra. Si un problema es de asistencia social para el desarrollo rural, para eso es; no puede utilizarse para promover productividad y lo contrario es cierto: si un programa, un instrumento es para promover productividad, no se debe pretender utilizarlo para solventar el rezago social que tiene el sector agropecuario.
Los dos tipos de agricultura requieren la atención del sector público.
Se tiene que continuar en la federalización, en lo que ya se han tenido avances sustanciales. Es imperativo apoyar mayor cultivo de hectáreas para promover la reconversión productiva. Ya se debe pensar en la posibilidad de los presupuestos multianuales, lo cual establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a efecto de hacer coincidir los presupuestos con los ciclos productivos.
Los ciclos productivos no respetan años calendario ni presupuestos anuales. Se requiere promover que las políticas que pueden generar decisiones de inversión y financiamiento sean políticas ciertas y oportunas para que se dé esta situación.
Se debe promover la agricultura por contrato, las coberturas, lo cual se ha venido trabajando bien en la ASERCA y la diversificación de las exportaciones así como la defensa de los mercados internos.
Se debe defender, a toda costa la planta productiva nacional ante cualquier país del mundo, incluyendo a los Estados Unidos.
Resulta bastante inquietante cómo en los Estados Unidos de inmediato hacen un análisis a una uva chilena y le encuentran cianuro, hacen un análisis a una fresa mexicana y le encuentran hepatitis B. Y eso se va a dar cada vez más en la medida en que México vaya abarcando un mayor porcentaje de esos mercados de la exportación.
Los mexicanos tenemos que defender, como sector productivo, como sector gubernamental también, la planta productiva nacional. Se debe dar prioridad al fortalecimiento de las cadenas productivas y la integración de la comercialización y aterrizar la ley de la Capitalización del Procampo y adaptar mejor el instrumento de financiamiento para el sector agropecuario.
Por lo que respecta al comercio exterior. Si se hiciera un análisis de las denuncias antidumping que el sector agropecuario ha hecho, realmente serían contadas, el sector bovino, el sector porcino, la agroindustria, el sector del azúcar. Alguna vez ACERCA, de oficio planteó iniciar una denuncia contra subsidios por el trigo de Canadá. No cabe duda que existe competencia desleal, una buena parte al menos de las importaciones vienen en condiciones de dumping, y no se puede denunciar tal hecho porque es muy caro.
Pero no sólo es caro; resulta que la Ley de Comercio Exterior obliga a quien denuncia a tener una representatividad de sector productivo y se menciona en la propia ley: ?o ser un organismo legalmente constituido?; el Consejo Nacional Agropecuario como otros tantos organismos, están legalmente constituidos y podrían por tanto presentar una denuncia a nombre de sus afiliados; pero no, la ley exige representar al menos el 65% de la planta productiva nacional, en el caso de la cerveza o del calzado no hay problema, se junta uno con otro y se logra el 100%; pero es diferente lograr consolidar a los productores de maíz que explican el 65% de la producción, y cuando ya se esté estudiando el asunto del dumping, ya no va a haber planta productiva nacional, lo que le ha pasado al arroz.
Además se exige al productor llenar un formulario que está perfectamente hecho para la industria, no se puede pensar que el daño a la planta productiva nacional se va a reflejar en los estados financieros de los productores, si en general, éstos no llevan estados financieros.
Hay que recordar que la planta productiva nacional para la producción de arroz se redujo un 90 por ciento, por lo tanto hay daño por las importaciones orientales de arroz; Se debe acelerar la defensa del mercado mexicano.
Ante todo este complejo normativo, comercial, de mercado, de exportación, sanidad vegetal, el ordenamiento mexicano se debe orientar definitivamente a la defensa de la producción nacional, al abasto interno. Se obliga manifestar la necesidad de una administración pública agroalimentaria, ordenada, planeada, honesta, limpia y con miras exclusivas a resolver los problemas nacionales alimentarios de base, de raíz institucional y no partidista. Con juego mediocre nacional, no se resuelven los problemas del campo mexicano.
