Después de casi seis horas de deliberación y con los votos de los diputados Álvaro Elías, del PAN y los priistas Rebeca Godínez y Francisco Frías, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados dictaminó que es procedente el juicio de desafuero en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, solicitado por la PGR.
Con sólo el voto en contra del perredista Horacio Duarte, la conclusión fue, por una decisión mayoritaria, “sí a lugar a proceder penalmente contra López Obrador”. Sobra decir que Duarte, después de dar los resultados, acusó al Gobierno Federal, a Marta Sahagún y al secretario de Gobernación, Santiago Creel por orquestar y armar la estrategia en contra del jefe de Gobierno. “Esta decisión la toman sin medir las consecuencias políticas que vendrán. El país entrará en una etapa difícil”, dijo y adelantó que López Obrador no se amparará y comenzará un movimiento de resistencia civil desde la cárcel.
Como se esperaba, y tan sólo una hora después de que se diera a conocer el dictamen, Andrés Manuel López Obrador sentenció que se había consumado la injusticia y que los diputados del PRI y PAN se habían aliado con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari para inhabilitarlo y cancelarle sus derechos políticos rumbo a la elección presidencial de 2006. El gran complot, por supuesto.
Aquellos que se resisten a caer en la tentación de conceder al tabasqueño la estatura de gran Tlatuani, de salvador de la patria y única esperanza para los mexicanos, entienden que el dictamen de la Instructora no significa más que abrir la posibilidad para que el pleno de la Cámara de Diputados determine si el jefe de Gobierno deba enfrentar un proceso judicial por su presunto desacato.
Después de diez meses en los que la agenda nacional se ha vuelto monotemática, y en perspectiva, con la vida de un hombre bueno que pendía anoche de un hilo; con esa agonía de un verdadero líder que conmociona al mundo entero, qué pobre se antoja el debate político en nuestro país y qué carente de la solidez que debería caracterizar un proceso democratizador.
