El dato que da el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), es revelador e invita a la reflexión: cada delito del fuero común que se comete en México cuesta nueve mil 419 pesos, mientras que hace ocho años el costo era de mil 500.
De acuerdo al estudio elaborado por dicho instituto, el aumento del presupuesto gubernamental en materia de seguridad no ha repercutido en la disminución de la delincuencia. De tal forma que, la seguridad pública ha representado para los mexicanos un gasto de 150 mil millones de pesos, sin que esta fuerte inversión haya rendido frutos.
El investigador Arturo Arango Durán va más allá al plantear que ?si en México supiéramos con anticipación cuándo un delincuente va a cometer un delito, nos saldría más barato sacar de nuestra bolsa cinco mil pesos y dárselos?. Así de triste y absurdo.
Pero no es todo. En el citado estudio se comenta que lo más grave es que las instituciones de seguridad pública se niegan a rendir cuentas o dar las estadísticas que permitan realizar una evaluación de la eficiencia en el combate contra la delincuencia.
Parece que los mexicanos no sólo deben padecer día a día la inseguridad cotidiana que se traduce en robos, asaltos, agresiones, homicidios y secuestros, sino que también tienen que observar cómo una parte de sus impuestos se va literalmente a la basura, para luego soportar los engañosos mensajes que los gobiernos mandan respecto al abatimiento de la incidencia delictiva.
Y es que, a fin de cuentas, los habitantes de este país no sólo pierden su dinero en esta fatal lucha interminable contra la delincuencia, sino que, y esto es lo más importante, pierden la confianza de vivir en una sociedad organizada en Estado que, en teoría, debería proporcionarles cobijo, estabilidad y seguridad a cambio de ciertas responsabilidades; porque si no fuera así ¿qué caso tendría pertenecer a ella?
