Es el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, quien pone el dedo en la llaga, cuando asegura que no puede contra el narcotráfico. Y simplemente tiene razón: un gobernador o un alcalde, no tiene los recursos, ni la capacidad de respuesta, ni el apoyo logístico, ni el armamento para enfrentar a ese cáncer que significa el crimen organizado, sobre todo después de esas demostraciones, tanto en Guerrero como en Tamaulipas y Sonora, que tiene los recursos, la organización, el personal (sicarios) y el poder de fuego suficientes (y hasta sobrados) para imponer sus reglas literalmente donde quiera. Y es que además, las corporaciones encargadas por el ordenamiento jurídico vigente de dar la pelea -la AFI, la UEDO, la PGR y la PFP- se encuentran enfrascadas en una lucha intestina contra sus propias inercias, vicios, corruptelas e ineficiencias como para significar una barrera eficaz contra la ola delictiva.
Por lo pronto, en Guerrero, la Comisión Permanente del Congreso aprobó por unanimidad darle el respaldo a Zeferino Torreblanca para que solicite a las autoridades federales la implementación del operativo México Seguro en Acapulco y Zihuatanejo, en donde se presume que dos bandas rivales, los famosos “Zetas” del Cártel del Golfo y los llamados “Pelones” del “Chapo” Guzmán, están sembrando la muerte y la destrucción en estos paraísos para el turismo, sobre todo extranjero, en su muy particular lucha por el control de territorios. Hay que hacer algo, sugiere el mandatario guerrerense, aunque sea implementar un operativo que ya demostró sus limitaciones en Nuevo Laredo, para evitar que dos ciudades de las que depende prácticamente todo un estado, se conviertan en arenas donde los traficantes de drogas diriman sus controversias con total impunidad.
El asunto se antoja tan simple que suena hasta ridículo: basta con el compromiso de autoridades estatales y municipales para atacar en sus ámbitos de competencia el problema; honestidad y eficiencia de las corporaciones policiacas; corresponsabilidad social en una lucha que finalmente es de todos y para el bien de las generaciones futuras y que las autoridades federales hagan lo que por Ley tienen que hacer, sin tanto disimulo, corrupción y torpeza. Se antoja tan simple, como irreal.
