Nuevamente el sistema de justicia en México queda en entredicho. Los fallos emitidos por el juez sexto de Distrito de procesos penales federales, José Luis Gómez Martínez, cuyas decisiones permitieron la libertad tanto de Nahum Acosta Lugo como de Iván Archivaldo Guzmán, hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, generan suspicacias.
Las dudas no son exclusivas de la Presidencia de la República, la sociedad en su conjunto sospecha del actuar de los jueces y los Ministerios Públicos. Para el presidente del Colegio Regional de Abogados de La Laguna del Estado de Durango, Alberto Montes Rodríguez, los agentes del Ministerio Público Federal por incapacidad o por corrupción integran mal las averiguaciones previas de los narcotraficantes, esto les permite recuperar su libertad con cierta facilidad. En este contexto la delincuencia sigue ganando las batallas legales al Estado de Derecho.
Por si fuera poco las redes del “narcotráfico” continúan extendiéndose. México es ahora un país de consumidores, donde los “puchadores” envician a los niños para crear así un nuevo mercado. Juan García Chapa, secretario de Protección y Vialidad en Gómez Palacio pone las cosas en perspectiva al declarar que al margen de las reformas legales, el problema del “narcomenudeo” ya está tocando las puertas de escuelas primarias y secundarias.
Para erradicar este problema es necesario que en el hogar de los niños y jóvenes se fomenten valores y se hable de los peligros que significa el consumo de drogas.
Los empresarios del país consideran urgente el garantizar que los jueces sean éticos y competentes para mejorar así la eficacia de los departamentos jurídicos de la administración pública y, sobre todo, la actuación en este sentido de las procuradurías de justicia, para así terminar con la impunidad que tanto latima al país y hiere a la sociedad en su conjunto.
