El referente teórico es impecable y contundente: México no nace ni muere cada sexenio, por lo que resulta indispensable -en términos de viabilidad como nación en un mundo globalizado, cada día más exigente- el estructurar planes y proyectos a largo plazo, blindados contra las agendas personales y/o partidistas de los gobernantes en turno. Se trata de que los distintos representantes de la sociedad, empresarios, académicos y líderes sociales, fijen la gran agenda ciudadana de cara a los relevos en distintas instancias gubernamentales.
La estrategia es correcta, de avanzada democrática, ya que implica una corresponsabilidad de la ciudadanía en la gran tarea de fijar el camino para lograr cada vez más altos niveles de bienestar y desarrollo. En este sentido resulta impecable el Acuerdo Nacional para la Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo, la Inversión y el Empleo, que firmaron el pasado jueves empresarios, intelectuales, líderes sociales y de opinión, congregados en el castillo de Chapultepec.
El líder nacional de los industriales de la transformación, Cuauhtémoc Martínez García, señala que “debemos todos sentarnos en torno a una gran mesa para dividir la problemática, ver cuál es el proyecto de país que queremos, cuál es el modelo de México, qué haremos en los próximos 20, 30 o 50 años; debemos hacer planes y proyectos a largo plazo porque el país ya no nace y muere cada seis años, como antes nos sucedía, cuando todo se planeaba para seis años y el siguiente presidente que llegaba simplemente decía que lo de atrás está mal hecho, no sirve, y ahora sí voy a hacer yo lo bueno, con lo que se empezaba prácticamente de cero”.
Correcto, pero faltan los pies para que las ideas y la buena voluntad logren caminar. El gran problema es que actualmente no existen las herramientas sociales para acceder a una corresponsabilidad en los hechos y entonces, los pactos, acuerdos y compromisos quedan sujetos a la voluntad política de quien accede al poder. El siguiente gran paso será sin duda el determinar las figuras jurídicas, las herramientas adecuadas para incorporar la voz ciudadana en la toma de decisiones, y los mecanismos para una sanción efectiva y puntual ante el yerro o la omisión de los gobernantes.
