Poco más de 45 millones de mexicanos son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Se entiende por elemental sentido común; por lógico, natural, razonable y hasta por cuestiones de viabilidad en un país como el nuestro, que nadie puede jugar con la salud de tantos millones de seres humanos. Se entiende, también, que el Estado mexicano debe hacer lo que tenga que hacer, para garantizar el acceso a los servicios médicos de la población con cobertura de este sistema de seguridad social. Sería simplemente inimaginable que en defensa de sus derechos sindicales -de verdadero privilegio- un grupo de trabajadores ponga en jaque a las autoridades y en peligro a la ciudadanía. Se da por entendido.
Pero en este, nuestro México real, todo puede suceder. Ayer, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) ratificó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) el emplazamiento a huelga para el IMSS. Las negociaciones continúan, pero en caso que no se logre algún acuerdo satisfactorio, la huelga podría estallar el primer minuto de mañana domingo.
Y para terminar de llenar de leña el fogón, las organizaciones integradas a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) refrendaron su apoyo al SNTSS y anunciaron que se unirán a la huelga de este gremio en caso de que ésta estalle. Entonces, los telefonistas y los electricistas, entre otros, se agregan a la lógica de las amenazas y gustosos se incorporarían a crear un caos monumental en todo el país.
En suma, un sindicato dividido al interior, pero con la solidaridad incondicional de otras organizaciones gremiales, demanda en el fondo lo que no se les puede cumplir, el derogar las reformas a la Ley del instituto aprobadas el año pasado por el Congreso de la Unión. El país vive hoy una jornada de pulsos y sólo queda desear que la cordura se imponga y prevalezca el bien general sobre los intereses particulares.
