La proliferación de tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la región, plantea algunas preguntas cuya respuesta colocaría en su justa dimensión el nivel de eficiencia y control de la paraestatal, así como los niveles de corrupción y/o contubernio de diferentes corporaciones policiacas con lo que bien pueden ser calificadas de bandas organizadas de delincuentes que ponen en riesgo a decenas, centenares de familias laguneras en sus ilícitos afanes de lucro.
Primero, lo extraordinario que resulta el llevar a cabo excavaciones, maniobras que requieren de ciertos conocimientos técnicos y equipos especializados, para luego iniciar el negocio de la ordeña de los ductos de Pemex, sin que ninguna autoridad se dé por enterada y sin que la paraestatal reaccione en tiempo y forma ante las mermas en tal o cual tramo (hasta el momento se han localizado e inhabilitado 31 de estas tomas clandestinas de combustible y no existe ningún elemento que permita presumir que sean todas las que estén dispersas en territorio lagunero). Y segundo, los canales de distribución del combustible robado a Pemex que termina en automóviles, en hogares y negocios y que implica cierta organización e infraestructura.
Otra vez, el ojo del huracán se localiza -al igual que en el problema del narcomenudeo- en la PGR. Juan Antonio García Villa ex subsecretario de Normatividad de la Secretaría de Economía, dice que el robo de gasolina le significa a Pemex de 12 a 15 mil millones de pesos en pérdidas anuales y que “a mí me consta que el actual director general de Pemex Refinación, Juan Bueno Torio, ha puesto su mejor esfuerzo para evitar esta práctica, hace denuncias ante la PGR y todos los medios necesarios para ahuyentar a las mafias, sin embargo, queda de manifiesto que el esfuerzo no es parejo por parte de las autoridades encargadas de investigar”.
Y Víctor Alducin Flores, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, dice que son alarmantes los constantes hallazgos de tomas clandestinas que representan ya un riesgo para la seguridad pública y que es la PGR la que debe dar una respuesta a estos casos, ya que el nivel de esclarecimiento es nulo. De nuevo, los problemas y sus soluciones -o ausencia de las mismas- se encargan de poner a cada quién en su lugar, al menos ante los ojos de la opinión pública.
