Hoy, en el país, difícilmente se puede encontrar a un hombre más contento que Andrés Manuel López Obrador, ya que aunque no tuviera ningún mérito, las pifias, los errores garrafales de sus adversarios, lo agigantan. El tabasqueño dice que a sus detractores no les ha salido nada bien y que desde que le quitaron el fuero, “el PRI pa´bajo, el PAN pa’ bajo, la PGR pa’ bajo, Fox pa´ bajo y el movimiento democrático pa’ arriba”... y aparentemente tiene razón.
Resulta que el juez doce de procesos penales federales, Juan José Olvera López, determinó negar a la Procuraduría General de la República (PGR) la orden de presentación que solicitó en contra de Andrés Manuel López Obrador por haber incurrido presuntamente en el delito de abuso de autoridad, en el caso de El Encino.
Tan simple como que el Ministerio Público cometió irregularidades al decretar la libertad bajo caución de López Obrador, cuando éste no estaba ni detenido ni existía orden de captura urgente en su contra y se aceptó el pago de una fianza en favor del perredista por parte de terceras personas. El juez Olvera López indicó que tampoco estudió “si están o no acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de López Obrador”, en el delito de desobediencia a un mandato judicial y por ello decidió regresar el expediente a la PGR, así como el billete de depósito con la garantía de dos mil pesos que aceptó el pasado 20 de abril.
En fin, otra pifia de la PGR, aunque el subprocurador Carlos Javier Vega Memije, descartó que la decisión del juez de no otorgar una orden de comparecencia en contra de López Obrador, sea un revés legal y que sólo se trata de una diferencia de criterios; explicó que ahora la PGR podrá apelar ante un tribunal esta decisión en un plazo de cinco días o consignar nuevamente el expediente, pero esta vez se solicitaría orden de aprehensión.
El caso contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal resulta de una complejidad política excepcional, pero hoy habría que agregar los yerros y omisiones en el aspecto judicial para conformar un escenario en donde lo único que se puede descartar es la certidumbre de que alguien en el Gobierno Federal y/o la Procuraduría General de la República, sepa bien a bien lo que está haciendo.
