La Procuraduría General de la República sostiene que en la lucha contra el crimen organizado se han registrado avances sustanciales; advierte, sin embargo, que será una guerra larga, que no se deben esperar soluciones mágicas o de un día para otro y que para su completo éxito, se requiere la participación de la sociedad en dos grandes frentes, el de la denuncia para ubicar a los infractores y por la vía de los valores, para abatir el consumo. Se requiere también -según los máximos responsables de la procuración de justicia- atacar el aspecto financiero, “donde más les duele”, según señaló el procurador Cabeza de Vaca.
Este es un punto más del México oficial, y que se puede contrastar con otro punto, pero del México real: Balbina Flores Martínez, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en México, sostiene que, entre otras cosas, “los cárteles de la droga están asfixiando al periodismo”. Agrega que son las ciudades de Tijuana, en Baja California; Nuevo Laredo, en Tamaulipas y varias más en Sinaloa y Sonora, donde existe mayor riesgo para el ejercicio periodístico de investigación en torno al narcotráfico, por lo que la autocensura, “es ya un mecanismo de sobrevivencia”.
En muchos periódicos del norte de la República, los editores ya no ordenan investigar líneas de narcotráfico, hay hasta palabras prohibidas y no se publican fotos de los integrantes de los cárteles de las drogas, simple y sencillamente porque no hay garantías. A raíz de la desaparición del reportero Alfredo Jiménez, de El Imparcial de Hermosillo, los responsables del área editorial tomaron la decisión de suspender toda publicación referente al narcotráfico, ya que en términos llanos, ninguna autoridad puede garantizar un mínimo de seguridad a los periodistas.
Es el México de los poderes reales, esos que marcan el rumbo de las relaciones sociales e imponen sus reglas en los hechos, aunque el discurso oficial dibuje otros escenarios. A lo anterior se pueden agregar las decenas, centenares de testimonios de quienes han sufrido en carne propia los golpes de la delincuencia y en donde, invariablemente, se pondera la corrupción e ineptitud de los policías (de todos los niveles) para conformar un escenario desesperanzador, muy lejano de esos “avances sustanciales”, que venden los funcionarios de la PGR.
