Si hay algo de lo que el presidente Fox pudiera estar -en justicia- orgulloso, es del avance sustancial en materia de transparencia durante su Administración. Hoy, como nunca antes, los ciudadanos cuentan con una herramienta para conocer lo que tienen derecho a conocer, los cómo, dónde y cuándo se gastan los recursos del erario. Y no es poca cosa, ya que nuestra clase política, formada a hierro en los más anacrónicos y arbitrarios moldes del autoritarismo, mantiene feroz resistencia para aceptar que no son más que servidores públicos que deben rendir cuentas.
Desde alcaldes hasta gobernadores, pasando por legisladores y hasta funcionarios de tercer nivel, se las ingenian para sabotear los ordenamientos de la Ley Federal de Acceso a la Información y colocan cuanta traba burocrática esté a su alcance para impedir, o al menos dilatar, el que finalmente las personas interesadas sepan qué se hace con el dinero que es de todos y a todos debe servir.
Entonces, no es poca cosa que desde la Federación se haya impulsado la cultura de la transparencia, y de eso, la actual Administración puede estar orgullosa. Sin embargo, falta dar el siguiente y gran paso, ése sin el cual lo hasta hoy ganado resultará inconsecuente, y por lo tanto, una herramienta inútil: la rendición de cuentas y el pago de las consecuencias ante los manejos turbios de los recursos públicos. La sociedad en el fondo nada gana, si conoce de manejos poco claros, los funcionarios involucrados no pagan sus excesos, yerros y omisiones en el terreno jurídico.
Sólo a manera de ejemplo, la “balconeada” de las cuentas multimillonarias -y sin justificación aparente, por sus montos y origen poco claro- de los familiares del ex gobernador del Estado de México y precandidato priista a la Presidencia de la República, Arturo Montiel, puede terminar reducido a mero golpeteo político, a ese famoso fuego amigo, pero sin encontrar el sendero jurídico que le corresponde. Finalmente, los ciudadanos poco ganan con saber que Arturo Montiel tiene una fortuna y que se niega a explicar públicamente el origen de la misma, si no existen los mecanismos para que las conductas irregulares reciban la sanción que les corresponde. Falta el siguiente y gran paso... y hay que seguir esperando.
