Lo que en un principio las autoridades electorales coahuilenses consideraron unos comicios ejemplares y civilizados, a una semana se han convertido en guerras de declaraciones, denuncias de fraude y solicitudes de impugnación, lo que enturbia el proceso del pasado 25 de septiembre.
El ex candidato común del Partido Acción Nacional (PAN) y la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) a la gubernatura, Jorge Zermeño Infante, dio a conocer el sábado en rueda de prensa su intención de solicitar la anulación de las elecciones argumentando que en muchas casillas el número de votos emitidos no concuerda con las boletas entregadas, además denunció que los priistas implementaron la operación “carrusel”.
El ex aspirante blanquiazul dijo que entre hoy y mañana presentará el recurso de impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE).
Desde el miércoles pasado, el ex candidato a la diputación por el Distrito XII, José Antonio Jacinto Pacheco, interpuso la solicitud de anulación ante el TEE. El ex aspirante sustentó su petición en el supuesto acarreo y compra de votos por parte de simpatizantes del abanderado del tricolor, Miguel Riquelme Solís. La diferencia por la que obtuvo el triunfo este último fue de escasos 600 votos.
En Matamoros, donde el priista Raúl Onofre resultó ganador, la UDC y el PAN, presentaron ayer la documentación para impugnar los comicios para renovar el Ayuntamiento ante el Comité Municipal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila (IEPCC).
Lo propio hizo el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Francisco I. Madero, contra el resultado que dio el triunfo a Francisco Cordero Rodríguez del PRI.
En San Pedro, fueron los priistas los que acudieron al Comité Municipal del IEPCC para entregar la documentación para impugnar el proceso en el que resultó vencedor Jorge Arturo Babún Moreno del PRD.
El escenario pinta un todos contra todos. En La Laguna, el capítulo de la elección no ha concluido y se espera que el ambiente se vuelva cada vez más tenso. Por el bien del estado y la región, los distintos partidos involucrados en esta pugna post electoral deben actuar conforme al marco legal y respetando a la ciudadanía; y las autoridades electorales con imparcialidad y celeridad para que este conflicto termine lo antes posible y no se enrarezca (más) el ambiente político.
