Desde el asesinato del periodista Manuel Buendía en mayo de 1984 se hizo práctica común en México el crimen contra los comunicadores.
En los últimos veinte años suman alrededor de 30 homicidios y decenas de atentados contra medios y periodistas en una lamentable oleada de agresiones sólo superada en el continente Americano por Colombia y casi igualada por Brasil.
Antes y durante los ochenta los ataques contra la prensa eran en su mayoría fraguados desde las altas esferas del Gobierno o desde la oficina de algún personaje poderoso.
Así ocurrió en el caso de Manuel Buendía, acribillado cobardemente en un estacionamiento de la Ciudad de México y en 1988 con el crimen de Héctor Félix Miranda, en Tijuana. En los noventa hubo un giro dramático al expandirse en México el crimen organizado, en especial el narcotráfico.
Salvo contadas excepciones, las agresiones contra periodistas realizados en los noventa y durante la actual década provienen de los delincuentes que se molestan por las denuncias o críticas de los medios.
Esto sucedió en 1997 cuando el editor de Zeta, Jesús Blancornelas, fue baleado por sicarios del Cártel Arellano Félix en Tijuana, organización que tenía todo bajo su control con excepción de esta publicación que periódicamente delataba sus movimientos. Y se repitió la historia en junio de 2004 con el crimen de Francisco Ortiz Franco.
Desde 1984 la impunidad ha imperado en la mayoría de los ataques contra medios y periodistas.
El caso Manuel Buendía tardó varios años en resolverse cuando era secreto a voces que el crimen se fraguó en el palacio de Bucareli, mejor conocido como la Secretaría de Gobernación.
En los homicidios de Víctor Manuel Oropeza, médico y periodista que fue asesinado en 1990 en Ciudad Juárez, así como el de Héctor “El Gato” Félix, nunca se llegó al fondo.
Ambos casos fueron investigados por la Sociedad Interamericana de Prensa y llevados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero hasta la fecha persisten las dudas y los acertijos por resolver.
Hoy en día la impunidad se agiganta y se suma una nueva en los ataques del crimen organizado: la colusión de las autoridades policíacas.
En los atentados contra comunicadores se pierden evidencias, se traspapelan documentos, desaparecen misteriosamente los presuntos autores y las autoridades se tornan lentas e ineficientes para esclarecer los hechos.
Ante la nueva embestida contra la prensa en donde destacan el asesinato de un editor en Poza Rica, Veracruz; el atentado de una reportera radial en Nuevo Laredo, Tamaulipas y la desaparición de un reportero en Hermosillo, Sonora; se vuelve urgente tomar medidas efectivas para combatir la impunidad.
La atracción de la PGR en los casos involucrados con el narcotráfico es imperativa, así como la intervención de organismos internacionales como ocurre en Hermosillo, en donde la SIP envió su unidad de respuesta inmediata integrada por periodistas investigadores.
Pero finalmente será la presión y exigencia de la sociedad mexicana la que habrá de transformar esta realidad.
Lamentamos reconocer que la respuesta hasta ahora ha sido raquítica. En el caso del periodista tijuanense Ortiz Franco hubo manifestaciones e indignación, pero al mes el caso pasó a segundo término por no decir que al olvido.
En Sonora, periodistas de todos los medios de comunicación dejaron sus diferencias para protestar ante las autoridades por la desaparición de Alfredo Jiménez, reportero de El Imparcial, pero la sociedad civil permanece a la expectativa.
Para que la democracia mexicana avance es clave exterminar la impunidad en los casos de los periodistas victimados, pero antes la sociedad tiene que revaluar el desempeño y trascendencia de los medios de comunicación en una sociedad libre e independiente.
Comentarios a:
josahealy@hotmail.com
