Detrás de la crisis carcelaria y de seguridad pública, en la Cámara de Diputados están recibiendo señales que les provocan escozor. Se debe a que el Gobierno del presidente Vicente Fox está preparando una iniciativa para crear una Secretaría del Interior que absorbería la Secretaría de Seguridad Pública y a la PGR, convirtiéndola en un superministerio policial.
Esta nueva secretaría redefiniría varias funciones. A la Secretaría de Gobernación finalmente le quitarían las responsabilidades del ámbito de la seguridad pública, donde se encontraba sin brazos, pues aunque esa área se encontraba dentro de sus obligaciones, no tenía en sus manos el mando de las policías para hacerlas efectivas. Incluiría la reubicación del procurador general de la República, quien pasaría a cumplir una función como nuevo fiscal general, dependiente del secretario del Interior y se integraría una Coordinación General de Seguridad Pública, que supervisaría a las policías y el sistema penitenciario.
Una Secretaría del Interior es una propuesta lógica. En muchos países existe y es la responsable de las policías y la seguridad de los ciudadanos. En México, durante su historia moderna, esa tarea recayó en Gobernación, que duplicaba sus funciones de gobernabilidad con las de seguridad interna. En el Gobierno de Carlos Salinas se empezó a desmantelar a Gobernación, pero fue hasta el de Ernesto Zedillo cuando se le despojó de sus brazos operativos. El Gobierno foxista recibió un adefesio, pues era como tener un cuerpo de bomberos que carecían de mangueras para el agua.
La racionalidad de la medida tiene un solo problema, enorme por cierto, que Fox está a 22 meses de dejar el poder y difícilmente le daría tiempo para presentar la iniciativa y que el Congreso la aprobara. No es una reforma simple la que tendría que hacerse. Al involucrar varias modificaciones constitucionales, requiere tres cuartas partes del Congreso y que sea aprobada por todas las legislaturas locales en el país.
Al ser este el año donde se definen las candidaturas presidenciales, en el contexto actual de confrontación y polarización, sería una ingenuidad presentar una iniciativa de tal envergadura con la expectativa que saldrá adelante. Incluso, asesores de algunos líderes parlamentarios comentan que en la correlación de fuerzas actual, esa reforma jamás se aprobaría.
La idea de una Secretaría del Interior, bajo otras modalidades de reorganización gubernamental, ha girado en las mentes foxistas casi desde que arrancó este Gobierno. Pero si no lo hicieron antes porque no encontraron las condiciones para sacarla adelante, menos las hay ahora.
Sin embargo, la idea es lo suficientemente atractiva y necesaria como para que sea desechada en el próximo futuro. Es importante esta reorganización del Gobierno, reasignando las tareas que corresponden a cada secretaría, con lo cual se delimitan las funciones y al mismo tiempo, se eliminan las lagunas de responsabilidad que tantas dificultades le han causado a este Gobierno.
No fueron pocas las veces que funcionarios de Gobernación acudieron a solucionar un problema y cuando pedían las fuerza de la policía para negociar con fuerza, ésta no llegaba porque no querían arriesgarse a un choque con la gente. De esa manera, hubo funcionarios que realmente arriesgaron su vida, dependiendo de su destreza retórica y habilidad negociadora para enfrentar multitudes solos, porque las peticiones de apoyo policial nunca se concretaron en respaldos.
Hoy en día, la seguridad pública llega a caer en lagunas de autoridad. Los recientes linchamientos en Tláhuac son una prueba que la falta de coordinación global hizo que se diluyera la responsabilidad que originó una serie de contradicciones operativas que resultaron en el asesinato de dos policías federales y uno más hospitalizado que todavía no sale plenamente del peligro. Una Secretaría del Interior permitiría allanar el camino para las dificultades prácticas que implica la descentralización de la seguridad pública y tener un órgano paraguas que permita vencer obstáculos en los momentos críticos de inseguridad.
Esta nueva dependencia también sería responsable de procesar, para efectos de seguridad doméstica, la información que generan otros órganos de la seguridad del Estado y no sólo las instituciones locales.
Tal es el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, que aunque responsable de la seguridad nacional, entendido esto como todo aquello que afecte los intereses del Estado mexicano, genera altos volúmenes de información relacionada con el orden público, que no es una tarea dentro de sus atribuciones.
Es el mismo caso del Cisen, que depende de Gobernación y que es un servicio civil que se encarga fundamentalmente de la contrainteligencia. Pero al igual que la Defensa, su función es salvaguardar a la nación, sin que esto le impida generar información relevante para garantizar la seguridad pública.
La Secretaría del Interior no remplazaría a ninguna dependencia existente, salvo en los casos donde integra a la actual Secretaría de Seguridad Pública y redefine la función del procurador. Sí permite una readecuación urgente en la organización del Gobierno Federal, que se ha visto rebasado estructuralmente por el fenómeno de la inseguridad. Las continuas derrotas frente a la delincuencia han hecho que los Gobiernos, en sus distintos niveles, incumplan la razón fundamental por la que fueron creados hace más de dos siglos: salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos. Esta nueva dependencia no resolvería en automático, hay que aclarar, el problema de la inseguridad, pero sí proveería un nuevo marco de operación para hacerle frente de otra manera, mejor estructurada la cooperación, mayor fuerza acumulada, muchas más posibilidades de éxito en el corto plazo. La idea foxista seguramente no se concretará en su mandato, pero el próximo gobernante, sin importar de qué partido sea, bien haría en retomar este proyecto y sacarlo adelante a la brevedad posible.
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