La legislación electoral de Coahuila festinada por el Gobierno de Enrique Martínez como de vanguardia, es un fiasco en diversos temas, como ocurre en el caso de los observadores electorales.
Esta importante institución que tiene sus antecedentes en la participación ciudadana a nivel internacional, y que tiene el propósito de vigilar los procesos electorales en todo el mundo, cuenta con un sólido prestigio basado en el cumplimiento de objetivos concretos que determinan la calidad del proceso al margen de las preferencias respecto de candidatos o partidos.
Tales notas objetivas, tienden a garantizar la emisión de un voto libre y secreto, como corresponde a los principios elementales de toda democracia, para evitar los vicios de manipulación acarreo, extorsión y compra del sufragio.
Las imágenes de los primeros observadores electorales a nivel internacional en las que aparecía en un sitio relevante el ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter, dieron la vuelta al mundo en las postrimerías de los años ochenta e inicios de los noventa, cuando los vientos de la democracia recibieron un nuevo impulso a raíz de la caída del Muro de Berlín y la Cortina de Hierro.
Después la observación electoral se hizo una práctica en los comicios electorales de nuestro país, a cargo ya no sólo de elementos foráneos sino de ciudadanos mexicanos que deseaban participar al margen de toda militancia partidista.
Sin embargo, en Coahuila los observadores electorales son objeto de una reglamentación represiva equiparable a una camisa de fuerza, que lejos de ofrecer un marco de incentivos para facilitar la tarea, está llena de prohibiciones que limitan la función hasta el punto de hacerla nugatoria e imposible.
Basta una lectura del Artículo 182 de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Coahuila que contiene una descalificación de raíz de a la función, al prescribir que los observadores no podrán intervenir en el desarrollo del proceso (la vigilancia es una forma de intervención), sus opiniones carecen de valor legal, y contiene además la amenaza de que las acciones que “confundan al electorado” (sin especificar en qué consisten tales acciones) serán constitutivas de delito.
Por su parte el Artículo 186 de la Ley en cita, si bien reconoce el derecho de los ciudadanos a vigilar el proceso electoral desde la instalación de la casilla y el desarrollo de la votación hasta la clausura, en su último párrafo contiene una contradicción absurda, que permite observar el desarrollo de la votación pero sin permanecer en la casilla.
Lo expuesto en la Ley es una burla, porque pretende que los observadores vigilen el desarrollo de la votación sin estar en el lugar de los hechos, lo que hace suponer que tendrán que hacerlo por televisión o en base a información que obtengan por parte de terceros, lo que desde luego no es el propósito de esta función que es de carácter testimonial y por ende exige un conocimiento personal y directo de los acontecimientos.
Las limitaciones a la observación electoral, exigen a los coahuilenses la búsqueda de otras alternativas de participación como representantes de los partidos en las casillas de votación y ante los organismos electorales, como única posibilidad para garantizar un proceso legítimo y transparente.
Lo anterior porque en actual proceso electoral en Coahuila, ante una legislación inicua, los organismos intermedios de la sociedad y las asociaciones cívicas que usualmente realizan las funciones de observación electoral se han abstenido de participar, porque no encuentran un ambiente propicio para esta tarea.
Diez horas antes de que terminara el plazo para la inscripción de observadores que concluyó el lunes pasado, sólo se habían inscrito cincuenta y nueve observadores para todo el Estado, de los cuales, cincuenta y tres corresponden al denominado Observatorio del Magisterio Coahuilense, lo que implica un fracaso para la participación ciudadana y un triunfo para el viejo sistema autoritario de partido de Estado que el Gobierno de Martínez y Martínez, mantiene sobreviviente, corregido y aumentado en Coahuila.
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