El cálculo político, o el azar, pusieron la semana pasada a Alfonso Romo en el centro de dos reuniones de signo opuesto. El jueves 28 encabezó en la Ciudad de México la presentación de un movimiento político llamado Opción Ciudadana. Y al día siguiente, en Monterrey, una asamblea de accionistas de Savia —cuya legalidad fue impugnada por el interesado— lo depuso de la presidencia del consejo de administración de ese grupo.
Es posible que ambas situaciones estén ligadas: que el recién iniciado activismo político de Romo refleje su necesidad de mejorar su posición pública ante dificultades corporativas impregnadas de conflicto familiar y que éste haya sido detonado por su suegro Alejandro Garza Lagüera precisamente para hacer abortar la nueva modalidad de presencia social de su yerno.
Opción Ciudadana se llama el movimiento impulsado por Romo. Más que sus planteamientos doctrinales, lo relevante es la lista de miembros de su grupo promotor. Sobresalen los nombres de empresarios hasta ahora no interesados directamente en política, como Roberto y Daniel Servitje, Antonio Chedraui, Alejandro Martí, Juan Diego Gutiérrez Cortina o Pablo Escandón. Todos han participado en iniciativas civiles, pero no habían figurado en una organización con fines políticos y al lado de profesionales de este oficio. Entre ellos, los políticos, es notable la presencia de dos grupos: la dirección de Convergencia (Dante Delgado, Jesús Martínez Álvarez, Alejandro Chanona, Luis Maldonado Venegas, Romeo Ruiz Armento) y foxistas alejados del presidente por sí o contra su voluntad (Alejandro Gertz Manero, Ernesto Martens, Víctor Lichtinger que fueron parte del gabinete federal; Tatiana y Manuel Clouthier y Santiago Pando).
Otro núcleo relevante lo integran priistas más o menos en activo, como los ex secretarios Esteban Moctezuma y Pedro Joaquín Coldwell, el senador Genaro Borrego, el ex director del IFE Arturo Núñez, el del IPN Diódoro Guerra, el diputado Roberto Campa, que habló y votó contra el desafuero de López Obrador y es una suerte de secretario de Unidad Democrática; los ex subsecretarios Fernando Elías Calles y Víctor Manuel Barceló, el ex senador Alberto Santos. Es también notoria la presencia de figuras de los más variados espacios, como el escritor Germán Dehesa, el periodista Ramón Alberto Garza, que dirigió los diarios del grupo Reforma, el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, Octavio Paredes López, el deportista Ernesto Canto, la cantante pop Natalia Lafourcade.
La estrategia de Opción ciudadana discurre en varias vertientes. Por un lado, explora la posibilidad de situar un cuarto candidato (que se agregara a los previsibles Creel, López Obrador y Madrazo, citados en orden alfabético), a partir del supuesto de que un vasto sector de la sociedad encuentra insatisfactorios a los nombrados. Por otro, establecer una sinergia con Convergencia, ya sea para concretar aquella candidatura, o para llevar al Congreso a personas como las incluidas en el grupo promotor u otras de ese talante. No se descarta que si esas tentativas se frustraran, Opción Ciudadana actuaría como un grupo de interés o de presión, para formular propuestas de Gobierno al próximo presidente de la República, quienquiera que sea.
Quizá para evitar que sus intereses quedaran enmarañados en este nuevo lance de su yerno, ahora en la política, o acaso porque en este momento los diferendos estaban maduros jurídicamente, el suegro de Romo decidió enfrentarlo renovando un diferendo añejo. El conflicto se origina en la crisis del Grupo Savia, cuyo desafinanciamiento obligó a Romo a vender activos como Seguros Comercial América y Seminis. En esa situación, ha explicado Romo, su suegro prefirió quedarse con Omega, una empresa inmobiliaria que cuenta con 220 hectáreas disponibles para su venta, a cambio de su paquete de acciones de Savia.
Garza Lagüera, sin embargo, no entregó esos papeles cuando creyó ver una acción fraudulenta de su yerno en la venta de Seminis. Savia vendió su participación en esta empresa dedicada a la agrobiotecnología a razón de 3.40 dólares la acción. Pero dos años después, los títulos de Séminis que Romo en lo personal mantuvo en su poder fueron pagados por Monsanto al triple de aquel monto: 10.52 dólares por acción. En el supuesto de que esas operaciones significaron una lesión para los accionistas de Savia, Garza Lagüera organizó a un grupo de ellos, que representan el 78 por ciento del capital y dieron un golpe contra Romo.
La asamblea convocada a iniciativa de Garza Lagüera intentó reunirse en el auditorio del hospital regiomontano Santa Engracia, también propiedad de Romo, por lo cual le fue negado el acceso a los disidentes, que sesionaron a pleno sol en el tórrido abril. Destituyeron a Romo, le revocaron los poderes, lo conminaron a entregar la documentación de la empresa y advirtieron que de no hacerlo se expondrá a consecuencias que pueden ir más allá del derecho mercantil. Designaron también a un nuevo presidente del consejo, todo lo cual fue considerado ilegal por el abogado de Romo quien puntualizó que una asamblea de este género es posible si está representado el ciento por ciento de las acciones, y obviamente no estuvieron presentes al menos las que Romo posee.
No son infrecuentes estos diferendos corporativos. Es singular, sin embargo, un conflicto en el seno de una familia como los Garza Lagüera (fundada por don Eugenio Garza Sada) y en el comienzo de un lance político de su yerno.
