“La gente no busca razones para hacer lo que quiere hacer: busca excusas”.
W. Somerset Maugham
Un alto funcionario gubernamental me comenta que la renuncia de Rafael Macedo de la Concha a la Procuraduría General de la República no fue, como yo lo he comentado en esta columna, un simple caso de quitar del camino a un procurador que insistía en aplicar la Ley cuando el presidente necesitaba en el cargo a alguien más flexible para permitirle una salida política en el caso de Andrés Manuel López Obrador. Según este funcionario, Fox fue muy comedido en su trato público a Macedo, pero en realidad le pidió la renuncia porque se sintió traicionado por él.
De conformidad con esta versión, Macedo había convencido al presidente de que, ante el fallo judicial por desacato, no había más opción legal que actuar en contra de López Obrador. Si no se procedía, tanto el procurador como el presidente podrían ser sometidos a juicio por desacato.
Pero al parecer el consejero jurídico que ahora ha sustituido a Macedo de la Concha en la PGR y otros más convencieron al presidente de que no era obligatorio acatar el fallo de los tribunales que determinaron que López Obrador había cometido un desacato. La PGR podía simplemente desentenderse del fallo sin ninguna consecuencia.
Si esta versión es correcta, el presidente se habría convencido de que Macedo de la Concha lo llevó a una situación política de gran peligro, al empujarlo a mantener una posición jurídica intransigente en contra de López Obrador que le afectaba políticamente y que no era en realidad necesaria. A esto habría que añadir una supuesta irritación del presidente ante el manejo de la PGR en varios casos, uno de los cuales sería el de Nahum Acosta, que el presidente quería que se tratara con cautela, y en el que la PGR habría actuado con negligencia y exceso de ruido periodístico.
No tengo forma de saber realmente si ésta es la explicación de Los Pinos. El presidente ha mantenido ocultas las razones de haberle solicitado la renuncia al general. El propio Macedo no fue mucho más ilustrativo cuando dio su conferencia de prensa poco después del anuncio del presidente, si bien insistió en que él no sería obstáculo para que el presidente aplicara las políticas que considerara necesarias.
Me imagino que esta renuncia puede ser vista de forma muy distinta por las dos partes que participaron en ella. No me sorprendería, por lo tanto, que la visión del funcionario que habló conmigo fuera la del presidente. Ciertamente hoy el mandatario está actuando como si no prestarle atención a un fallo judicial no tendría ninguna consecuencia.
Por lo pronto, la PGR no apeló oportunamente la decisión del juez duodécimo de lo penal de rechazar el pliego de consignación. El presidente y su equipo, además, declaran constantemente que, en lo que a ellos respecta, el caso de desacato por El Encino está terminado. Cabe suponer, pues, que el nuevo procurador simplemente dejará que el tema se extinga sin ejercer ningún tipo de acción legal.
Es evidente que esto resolverá una situación política muy compleja para el presidente que había fortalecido a López Obrador sin darle ningún beneficio a él, a su Gobierno o a su candidato. Pero el vacío legal que la falta de acción genera es preocupante. La “solución política” al caso López Obrador no es más que una desobediencia a un fallo judicial. La señal al país es que el juicio de amparo ya no tendrá validez plena. A partir de este momento, si uno le gana un juicio a una autoridad, habrá de contentarse con recibir un papel con el fallo, ya que será imposible sancionar a una autoridad que no aplique la sentencia.
No dudo que el presidente Fox se haya sentido traicionado por Macedo. Si éste le decía que había que cumplir la Ley, porque de lo contrario ambos podrían ser objeto de sanciones legales, el presidente hoy puede decirse engañado por el ex procurador. ¿O acaso no se está absteniendo de aplicar el fallo sin ninguna consecuencia?
Quizá el presidente piensa que su gran error fue no percatarse a tiempo de que en el sistema político mexicano la autoridad puede darse el lujo de no hacerle caso a un juez, ya que la Ley no tiene fuerza ante los personajes políticos importantes. Para los ciudadanos, sin embargo, la preocupación es que con esta solución política el juicio de amparo pierde toda su fuerza.
¿DEVOLVER EL FUERO?
Para el artículo 111 de la Constitución, el fuero que se quita en un juicio de procedencia sólo se puede devolver si hay una sentencia absolutoria del inculpado. Puede argumentarse, por extensión, que un auto definitivo de libertad por falta de méritos tendría las mismas consecuencias jurídicas. Pero si la PGR simplemente se niega a consignar a López Obrador, no parece haber un procedimiento legal para recuperar el fuero.
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