Agencia Reforma
MÉXICO, DF.- Las compañías tabacaleras que operan en la República obtuvieron del Gobierno mexicano diferentes privilegios de carácter fiscal a cambio de que donaran un peso por cada cajetilla de cigarros, que se destina a un fondo que financia el Seguro Popular.
Mediante un convenio suscrito el año pasado, a propósito del Día Mundial sin Tabaco -que se celebra hoy-, se estableció que no habrá nuevos impuestos en el sexenio, que el donativo será deducible de impuestos y que la incursión de una nueva empresa en el mercado mexicano deberá avalar y sumarse al convenio.
De no cumplir estos requisitos el donativo de un peso será suspendido.
Pero incluso, desde que se firmó el convenio, se estableció que el peso que se comprometen entregar las tabacaleras será de manera paulatina, es decir, 50 centavos por cada cajetilla de 20 unidades y que en los siguientes dos años aumentaría hasta llegar al peso.
El fideicomiso para operar las aportaciones de las tabacaleras fue constituido el 16 de noviembre del año pasado y al cierre de 2004 tenía mil 628 millones de pesos.
Las autoridades estiman que en total las tabacaleras aportarán cuatro mil millones de pesos al Seguro Popular.
El 30 de julio de 2004, un día antes de que entrara en vigor el convenio con las tabacaleras, el presidente Vicente Fox publicó un decreto mediante el cual eximió del pago de impuesto el incremento de un peso en el precio de los cigarrillos.
El secretario de Salud, Julio Frenk, aseguró ayer en conferencia que ese peso libre de impuestos se canalizó a atender enfermedades catastróficas incluidas en el Seguro Popular, como la leucemia, cáncer cérvico-uterino y VIH/Sida.
El monto aportado por las tabacaleras representa apenas el 13 por ciento de lo que el sector salud gasta en un año en atender las enfermedades vinculadas con el tabaquismo, aseguró Mauricio Hernández, director del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
El investigador calificó como errónea la estrategia de negociación y señaló que incluso resulta violatoria del Acuerdo Marco para el Control del Tabaco, que México firmó en 2003 y que entró en vigor en febrero de 2005.
En el Artículo Sexto, fracción dos del Acuerdo Marco elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se acordó impulsar la aplicación de políticas tributarias y de precios a los productos de tabaco para contribuir al logro de los objetivos de salud tendientes a reducir el consumo.
Sin embargo, el convenio que la Secretaría de Salud firmó con las tabacaleras establece que las empresas suspenderán la aportación de recursos si se aumentan impuestos.
