Como uno de los cientos de miles de trabajadores al servicio del Estado, me preocupa la insistencia de las autoridades en modificar el régimen de pensiones y jubilaciones, además de la pretensión de gravar las prestaciones que por Ley nos corresponden y que hasta ahora habían estado libres de impuestos. Nuevamente se ve la intentona de una embestida del grupo gobernante contra los trabajadores y sus ya de por sí mermadas percepciones, lo cual es una prueba más de que el Estado Mexicano sigue abandonando sus responsabilidades sociales, bajo la presión de los organizamos financieros internacionales.
Los trabajadores ya tenemos que dejar de preocuparnos y pasar a ocuparnos de estos asuntos delicados, que tienen relación directa con nuestro nivel de vida y, por consiguiente, de nuestras familias, con nuestra salud y con una necesaria vejez digna. Quienes estamos próximos a jubilarnos no podemos sino repudiar el trato indigno que actualmente reciben los trabajadores pensionados o jubilados por el IMSS y el ISSSTE, así como el miserable pago que les llega después de muchos años de servicio. No podemos quedarnos cruzados de brazos y debemos empezar por exigir a nuestros sindicatos que asuman una verdadera representación y defensa de los trabajadores agremiados o bien buscar alternativas de organización si no encontramos respuesta, pero de ninguna manera permanecer callados, inmóviles o resignados a tener cancelado el futuro.
Debemos tener claro que la Seguridad Social es el resultado de la lucha de los trabajadores en todo el mundo por mejorar sus condiciones laborales y de vida. Sabemos que nace con los sindicatos mismos, por lo que no pensamos que constituya una dádiva de los patrones. Es, insisto, resultado de una lucha constante que ha permitido a los trabajadores diversas conquistas: el seguro de enfermedad en 1883; el seguro de accidentes de trabajo en 1884 y el seguro de invalidez y vejez en 1889, para todos los trabajadores asalariados en la industria. Además desde 1919, con el surgimiento de la Organización Internacional del Trabajo, se reglamentaron los accidentes de trabajo y se estableció la necesidad de garantizar el salario, la existencia decorosa, la protección al trabajador contra las enfermedades generales y profesionales, la protección a los niños, los adolescentes y las mujeres, así como las pensiones de vejez, de invalidez y el derecho al trabajo entre otros aspectos importantes.
En nuestro país, habremos de mantener firme la idea de que la Seguridad Social se debe seguir viendo como un mecanismo redistributivo del ingreso, que tiene su punto de partida en la Constitución de 1917, fundamentado en el Artículo 123 y en la Ley Federal del Trabajo. Por ello, los trabajadores tenemos que asumir que la Seguridad Social es parte de ese salario o ingreso indirecto que la Constitución garantiza -todavía- a los trabajadores, como obligación del Estado y de los patrones. De ahí que de ninguna manera podemos aceptar que la privatización de la Seguridad Social sea una opción para que el pueblo mexicano resuelva sus necesidades, como nos pretenden hacer creer los seguidores del neoliberalismo que hoy nos gobierna.
Nos debemos oponer rotundamente a la injerencia del Banco Mundial con sus “recomendaciones” para impulsar la reforma a la Seguridad Social en nuestro país, en particular la del ISSSTE argumentando su quebranto financiero y la incapacidad para el pago de pensiones, ante el aumento en el número de pensionados y jubilados. Los trabajadores no podemos aceptar los argumentos que se están presentando para justificar la reforma, tales como la crisis de financiamiento o lo gravoso del costo de 470 mil jubilados y pensionados en el país, o que ahora los mexicanos vivimos más en promedio y que, por lo tanto, se tendrá que pagar por más tiempo la pensión. Estos asuntos no serían problema si, por una parte, no se hubiera castigado tanto al salario y, consecuentemente, las aportaciones al ISSSTE; y, por otra, si el Estado, a través del Gobierno, no hubiera incumplido su obligación de completar permanentemente el fondo de pensiones como lo establece el Artículo 177 de la Ley del ISSSTE. Esa grave omisión fue la causa de la descapitalización del instituto, lo cual no es culpa de los trabajadores y debe ser subsanada por el propio Estado mexicano. Otros factores presentes en esta crisis provocada desde el poder son: la política de adelgazamiento de las dependencias públicas federales con programas como el retiro voluntario, la concesión de servicios a empresas contratistas, el congelamiento y desaparición de plazas base, con el consiguiente incremento de contratos interinos limitados o personal de confianza; además, los compromisos de pago de una enorme deuda externa e interna, en especial el FOBAPROA, y los rescates a empresarios defraudadores.
A todo lo anterior se viene a agregar ahora la pretensión de gravar las prestaciones sociales como aguinaldo, prima vacacional y otras, que han representado una forma de compensar los bajos salarios y su falta de movilidad. Con la inclusión de dos artículos transitorios, el quinto y el sexto, en la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2005, los cuales tendrán vigencia a partir del primero de enero de 2006, se estará afectando a los trabajadores de ingresos bajos o medios y se seguirá favoreciendo, como ha sido en los últimos años, a las personas de más altas percepciones. Ojalá entendamos que no se puede seguir atentando contra los trabajadores, so pena de convertir a México no sólo en un país de niños con futuro incierto o jóvenes con un presente de desempleo, sino de viejos cada vez más pobres. Exijamos a los legisladores que deroguen esos artículos y preparémonos para dar la batalla en nuestra defensa.
