Me había negado sistemáticamente a escribir sobre el tema del desafuero, pues ya lo consideraba suficientemente analizado desde distintos ángulos. Sin embargo, lo ocurrido el pasado jueves siete de abril de 2005 me obliga como ciudadano y padre de familia, a compartir algunos comentarios sobre este acontecimiento que ya tiene una dimensión histórica, por los sujetos intervinientes y la significación política.
Por principio de cuentas debo expresar que acudir a la Ciudad de México en esa fecha fue una experiencia aleccionadora, al entrar en contacto con los ríos de gente que desembocaron en el Zócalo para expresar su rechazo al desafuero contra Andrés Manuel López Obrador. Personas de diferentes condiciones económicas y sociales, de distintas edades y ocupaciones se presentaron, por cientos de miles, en un día hábil por la mañana, en la Plaza Mayor de la República para escuchar el mensaje de un dirigente, que es visto desde los grupos oligárquicos como un peligro para sus intereses económicos, pues representa un proyecto distinto y ha mostrado tener suficiente respaldo popular para llegar a la Presidencia de la República, fue muy importante constatar, en el Zócalo y sus calles aledañas, la presencia de muchos estudiantes, familias completas, matrimonios jóvenes con sus bebés, personas con capacidades diferentes, personas de la tercera edad, campesinos y obreros convencidos que el desafuero es una injusticia: que esperaron por largas horas la votación que tendía lugar en la Cámara de Diputados y que ante el resultado, aunque ya esperado, no pudieron ocultar manifestaciones de tristeza pero también de indignación y coraje. Allí estuvimos algunos laguneros compartiendo plenamente esos momentos y la justa indignación.
Fue una larga jornada y después de ella quedamos más convencidos de que el juicio de procedencia fue una farsa, que el golpe se había decidido en otra parte y que la mayoría de los diputados que votaron a favor del desafuero lo hicieron por consigna, por mandato superior. ¿Acaso consultaron con sus electores en los distritos cuál debiera ser el sentido del voto? Actuaron contra la voluntad popular, pues está documentado según encuestas serias que más del 80 por ciento de los ciudadanos consultados estaba en contra del desafuero. No les importó el sentir y pensar de la gente. Pero lo más grave es que sigan tratando al pueblo de México como menor de edad, o pero aún como tonto. ¿Quién les cree que desaforaron a Andrés Manuel López Obrador por resguardar el Estado de Derecho y por cumplir con la aplicación estricta de la Ley?
No me queda duda que el caso del desafuero de López Obrador puso a cada quien en su lugar. Al presidente Fox le corresponderá asumir la responsabilidad de conducirse no como jefe de Estado sino como cabeza de grupo político, desaprovechando la oportunidad que el pueblo de México mayoritariamente le dio para impulsar un verdadero cambio y degradando la institución presidencial. A la PGR se le habrá de juzgar como el instrumento o brazo ejecutor utilizado para eliminar a los adversarios del presidente y su grupo, dejando de lado la importante tarea de la procuración de justicia. Por su parte, los diputados del PAN y del PRI-Verde que votaron a favor del desafuero, lograron vencer pero no convencer. Aunque fueron ampliamente superados en el debate por los diputados que argumentaron en contra, aplicaron la mayoría mecánica obedeciendo la consigna. ¿Cómo nos vienen hoy a hablar de Estado de Derecho? Si esto fuera cierto, el coordinador de los diputados priistas, el licenciado Emilio Chuayffet, habría sido sometido a juicio político como responsable de la matanza de Acteal cuando fue secretario de Gobernación o se hubiera castigado a Roberto Madrazo por el descomunal fraude que cometió para llegar a ser gobernador de Tabasco, o se hubiera desaforado al senador del PRI Ricardo Aldana por el Pemexgate. La historia de ese partido no ha sido precisamente la de conducirse democráticamente y con apego a la Ley.
Por lo que respecta al PAN su situación no es distinta, pues sus diputados no pueden apelar a la justicia en el caso López Obrador cuando les consta que no se ha aplicado al gobernador panista de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, ligado al narcotráfico y sobre el cual hay evidencia que ha hecho mal uso de los recursos públicos o cuando tiene un senador como Diego Fernández de Cevallos que ha hecho uso del tráfico de influencias para ganarle pleitos al Gobierno a favor de particulares, buscando en un caso reciente el pago de una suma superior a los mil millones de pesos en detrimento del erario público o al seguir sin juzgarse al actual secretario de Gobernación por haber rebasado los topes de gastos de campaña cuando fue candidato a la jefatura del Gobierno del Distrito Federal, si a esto se agrega la bribonada de los presidentes municipales panistas del Estado de México, al asignarse insultantes sueldos estratosféricos, nos damos cuenta que el PAN en el ejercicio del poder está más cerca del PRI, siguiendo el viejo estilo de hacer política y de gobernar.
De acuerdo con lo expresado, creo firmemente que el pueblo y la historia sabrán juzgar el acontecimiento que venimos comentando y a los actores políticos que intervinieron, poniendo a cada quien en su lugar. Sólo nos queda a los ciudadanos, además de mantener la resistencia civil, esperar a que se libre eficazmente la batalla legal una vez consumado el desafuero y confiar en que el Poder Judicial haga valer su independencia respecto del Ejecutivo para verdaderamente impartir justicia e impedir que se conculque nuestro derecho a elegir gobernante en 2006. Ello sería resarcir el daño que desde algunos sectores de los poderes Ejecutivo y Legislativo se ha hecho a la democracia en México.
