El mes de mayo es rico en conmemoraciones vinculadas a los trabajadores de la educación, tales como el Día del Trabajo, de la Madre, del Maestro, y del Estudiante.
Dos de esas fechas incluyen en la determinación de los tiempos para el desarrollo del proceso de negociación salarial por parte del SNTE, frente a los gobiernos de los estados y el Gobierno Federal. Ante ello considero necesario expresar, con el convencimiento de que a los trabajadores nos ha tocado llevar a cuestas el peso de la crisis en la economía, sufriendo los efectos de los topes salariales que han limitado seriamente nuestro poder adquisitivo, que nos preocupa a quienes pertenecemos al sindicato más grande del país, en cuanto a número de agremiados, que no se nos represente adecuadamente y no se lleven a la mesa de la negociación las demandas más sentidas y la defensa firme de los intereses de la base trabajadora.
Lo anterior se plantea porque lo primero que cabe esperar de una negociación salarial es que, en un proceso previo, se discutan ampliamente en asambleas sindicales los problemas, las necesidades y las demandas de los trabajadores, con el objeto de conformar un pliego petitorio que refleje la verdadera participación de los principales interesados. Los tiempos actuales exigen poner en práctica la democracia participativa, tanto en los sindicatos como en la sociedad en general, pues está probado que no es suficiente con la democracia representativa. En el caso de la Sección 35 del SNTE, se conoce extraoficialmente que ya se entregó al Gobierno del Estado de Durango un pliego petitorio y se dispuso lo necesario para la instalación de las mesas negociadoras. ¿Cuál es el contenido de ese pliego? Ni siquiera la mayoría del Comité Ejecutivo Seccional lo conoce y dudo mucho que en las delegaciones y centros de trabajo se haya discutido o analizado. ¿Qué esperamos entonces? Por principio, información y participación.
Estos dos elementos señalados me parecen fundamentales para el diseño de una estrategia de negociación frente a un Gobierno como el del Estado de Durango que, lamentablemente según señalan los antecedentes, no ha dado respuestas suficientemente satisfactorias a los trabajadores de la educación. Hoy tendríamos que conceder el privilegio de la duda a la administración que encabeza el contador público Ismael Hernández Deras, pero me preocupa que a pesar de los meses transcurridos se siga aludiendo a la carencia de recursos estatales por la herencia negativa en materia de finanzas de la administración anterior. Los trabajadores no tenemos la culpa de que no se haya actuado con la suficiente firmeza y prontitud en el actual Gobierno, para fincar responsabilidades a los antecesores, especialmente al ex gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier y los ex secretarios de Finanzas, que dejaron en virtual bancarrota la tesorería estatal. Tendría que haberse recuperado ya por lo menos parte de los recursos faltantes para hacer frente a los requerimientos de los duranguenses, que no son pocos.
Los trabajadores de la educación, pertenecientes a la Sección 35, esperamos mucha habilidad y firmeza en quienes nos representarán en esta negociación; pero también esperamos del Gobierno de Durango mucha sensibilidad política y aplicación suficiente de recursos, de maneta tal que no sólo se atiendan las demandas salariales y prestacionales, sino que se asigne mayor presupuesto para mejorar la infraestructura de los planteles escolares, para ampliar y eficientar los programas compensatorios, a efecto de que los niños en situación económica difícil reciban desayunos, útiles escolares y/o becas para evitar que abandonen sus estudios. Los trabajadores de la educación no podemos ni debemos egoístamente, sólo ver por nuestros intereses, sino también por los de nuestros alumnos y de los padres de familia.
No obstante lo señalado, de manera específica no podemos ignorar que los salarios y prestaciones de los trabajadores de la educación en Durango están por debajo de la media nacional y deben mejorarse. Desde luego que, entendiendo la difícil situación económica del estado, no podemos esperar aumentos elevados. Por ello, no suscribimos la demanda histórica de la CNTE del cien por ciento a pesar que la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos años sea mayor al 60 por ciento. Lo que sí es razonable y factible, es que se considera el aumentar de cinco a siete puntos porcentuales por arriba de la inflación anual, es decir, elevar las percepciones de los trabajadores entre un diez y un catorce por ciento, conjugando la aportación central del Gobierno Federal y la concurrencia del Gobierno del Estado. Si esto se diera, lo cual es posible y se mantiene por los próximos cinco años, se estaría posibilitando la recuperación del poder adquisitivo en ese tiempo de aproximadamente un treinta por ciento. Me parece que es un asunto de justicia, pero, insisto, requiere argumentación y firmeza del SNTE, así como sensibilidad y voluntad política del Gobierno. Esperamos que las dos partes cumplan con lo que les corresponde.
Finalmente, conviene recordar a las partes negociadoras que la retroactividad con la que se deben otorgar los aumentos es a partir del primero de enero de cada año. Además no deben olvidarse los asuntos pendientes ya aprobados en anteriores negociaciones pero cuya ejecución no se ha cumplido. Tal es el caso del fondo de ahorro ya autorizado desde hace más de dos años o el de los préstamos por anticipo de quincena que serían de gran apoyo para los trabajadores o la demanda más sentida del pase al tabulador tres, también conocida como rezonificación. Es muy buen momento para iniciar esto en algunos municipios e ir lográndolo paulatinamente. El Gobierno del contador público Ismael Hernández Deras apenas empieza, por lo que tiene la oportunidad de demostrar que cumplirá su palabra y compromiso con la educación y con los maestros de su estado.
