Frente a la multitud de dislates diplomáticos cometidos por el presidente Fox y su Cancillería, surgen brillantes logros de la política exterior. Por un lado, y después de treinta años, México ocupará un sitial permanente en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Por otra parte, un mexicano es uno de los dos finalistas para ocupar la secretaría general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y, finalmente, la delegación mexicana ante la ONU fue una de las 182 naciones que anteayer condenaron -con el voto en contra de sólo cuatro países- el bloqueo norteamericano o contra Cuba.
Paradójicamente, esos éxitos y esa actitud de la diplomacia foxista se consiguen con ex secretarios de Estado, integrantes de gobiernos priistas. Y la votación en la asamblea general reiteró una posición mexicana surgida también durante el régimen donde el PRI mantenía una posición dominante. Aun la decisión digna de aplauso y consideración de ratificar la adhesión mexicana a la Corte penal internacional, a pesar de la temible amenaza norteamericana, tiene su origen en tiempos del presidente Zedillo. O sea que la diplomacia de hoy luce mejor cuando es alimentada por valores y protagonistas del ayer. Podría decirse que vive de prestado.
La ONU dio su merecido a Bernardo Sepúlveda el lunes siete. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad de ese organismo obraron con mejor tino que el mostrado por los senadores que desestimaron la candidatura que hubiera hecho de Sepúlveda ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es verdad que la decisión senatorial quedó marcada más que por su incompetencia por el uso del papel de esa Cámara en juegos palaciegos: Santiago Creel, de quien dijimos en esa coyuntura que carecía de palabra o carecía de poder (y no se nos ocurrió pensar en la combinación de ambos factores), engañó entonces a Sepúlveda fingiendo un apoyo que le permitiera usarlo como moneda de canje para sus propósitos sucesorios, a la postre fallidos.
El ex canciller mexicano ocupará un lugar permanente en la mayor sede judicial del mundo, a cuyas funciones se incorporó transitoriamente el año pasado, como juez ad hoc (los que se nombran cuando los países litigantes no están representados en la Corte internacional) en el caso de México contra Estados Unidos, causado por el desacato de gobernadores norteamericanos a la convención de Viena que asegura auxilio consular a los reos en país extranjero.
Casi desde su graduación como abogado en la UNAM Sepúlveda se especializó en derecho internacional, materia que enseñó desde 1967. Entre 1971 y 1975 coordinó un estudio sobre empresas trasnacionales en México. De 1976 a 1980 fue director de asuntos hacendarios internacionales y en 1981 hizo crear una comisión de asuntos internacionales en el PRI, y fue secretario de esa materia en ese comité nacional, al comienzo de la campaña de Miguel de la Madrid.
Con la notoria intención de prepararlo para ocupar la cancillería, De la Madrid promovió su designación como embajador en Washington, de donde volvió para ser secretario de Relaciones Exteriores en sustitución de don Jorge Castañeda Álvarez de la Rosa. Después de ser titular de la Cancillería fue embajador en la Gran Bretaña, y desde hace mucho tiempo es miembro de la Comisión de derecho internacional de la ONU.
A partir de la convicción de que México debe ejercer una política exterior basada en sus intereses y en principios que no son “un simple pronunciamiento retórico” (y que en realidad son una y la misma cosa, pues “el contenido real de los principios corresponde íntimamente a la naturaleza misma de los intereses nacionales”), Sepúlveda consolidó la presencia mexicana como eje de iniciativas útiles y trascendentes.
Citaré sólo una, aunque podría añadirse la moción para integrar el Grupo de Río. Ante la imposibilidad moral y política de que el Gobierno de México permaneciera impávido frente las graves dolencias que afectaron a Centroamérica en los años ochenta, nuestro país promovió la formación del Grupo Contadora. Llamado así por sus reuniones en la isla panameña de ese nombre, significaba la conjunción de esfuerzos de Colombia, México, Panamá y Venezuela para favorecer la pacificación en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, e impedir que la región se convirtiera en presa de la guerra fría.
Tres años después de la integración de ese grupo, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el alto tribunal mundial al que se incorporará Sepúlveda, valoró en una resolución los frutos de esa iniciativa internacional:
“La Corte no puede dejar de reconocer el esfuerzo del proceso de Contadora, que amerita pleno respeto y consideración como una contribución excepcional para resolver la difícil situación por la que atraviesa la región. La Corte está consciente de los progresos considerables que se han realizado en lo que concierne al objetivo principal de las negociaciones, esto es, un acuerdo sobre los textos relativos al control y la reducción de los armamentos, a la exclusión de bases militares o de injerencias militares extranjeras, al retiro de asesores militares extranjeros, a la prevención del tráfico de armas, a la eliminación del apoyo de grupos que intentan desestabilizar a otros gobiernos involucrados, a la protección de los derechos humanos, y a la aplicación de los procesos democráticos, así como a la cooperación para crear un mecanismo destinado a controlar la buena aplicación de los acuerdos”.
