“El político piensa en la próxima elección; el estadista, en la próxima generación”.
Otto von Bismarck
El tema no es Jorge Castañeda sino el derecho que tenemos los mexicanos de liberarnos de la dictadura de los partidos políticos. Éstos han hecho Leyes para beneficiarse a sí mismos. Y ahora la Suprema Corte de Justicia ha determinado que son constitucionales.
La constitucionalidad no significa, por supuesto, que las Leyes sean correctas, pero no les toca a los ministros de la Corte cambiarlas. Son los legisladores quienes deben enmendarlas. Desafortunadamente, los legisladores están más interesados en defender los beneficios de sus partidos que en respetar los derechos de los ciudadanos.
Con las decisiones de la Suprema Corte de Justicia en los amparos promovidos por Castañeda se han cerrado ya todas las puertas para que los ciudadanos podamos superar el monopolio que los partidos se han dado a sí mismos en nuestro actual sistema electoral. Han actuado de forma correcta; su trabajo es aplicar o interpretar la Ley, no enmendarla.
Los ministros han ratificado la legislación que establece que los asuntos electorales deben ser decididos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El problema es que este Tribunal no puede siquiera considerar la queja de inconstitucionalidad de una Ley electoral. La propia Corte ha determinado que el Tribunal no puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de las Leyes.
Al final lo que queda es una trampa perfecta. Los ciudadanos no tenemos recurso ante las Leyes que los partidos crean para su propio beneficio. Los ciudadanos hemos sido despojados de nuestros derechos políticos fundamentales por los partidos.
La culpa no es de los jueces, por supuesto, o por lo menos no enteramente. Ellos no hacen las Leyes; y a los legisladores no les ha interesado hacerlas bien.
La política electoral es un negocio para los partidos. Y los negocios son mucho más rentables cuando operan en un régimen de monopolio. Por eso los legisladores han establecido el monopolio de sus partidos para postular candidatos a cargos de elección popular. Así aseguran que los miles de millones de pesos que los contribuyentes le damos al IFE todos los años se entreguen a los partidos políticos ya existentes. Si hubiera candidatos independientes, o si fuera más fácil crear partidos políticos nuevos, éstos se convertirían en una competencia que les quitaría dinero a los partidos ya establecidos.
Los legisladores que impulsaron estas injustas Leyes argumentaron siempre que el país se beneficia de tener un régimen de partidos fuertes. Pero si bien puede entenderse que haya un sistema sólido de partidos, el cual le da estabilidad en el largo plazo a la vida política de un país, resulta inaceptable que los partidos prohíban la postulación de candidatos a cargos de elección popular que no sean presentados por ellos mismos.
Los mexicanos no podemos estar satisfechos con el desempeño de nuestros partidos. Éstos han paralizado al país durante casi una década al bloquear en el Congreso las reformas estructurales con las que otros países del mundo están alcanzando competitividad y prosperidad. Por otra parte, han recibido y desperdiciado centenas de miles de millones de pesos de dinero público desde que se promulgó la Ley electoral de 1996. Esto no ha impedido que busquen recursos de otras fuentes, muchas veces ilegales. Ahí están los fondos extraídos de Pemex para apoyar al PRI de Francisco Labastida, las cuentas de los Amigos de Fox en la Alianza por el Cambio del PAN y las maletas llenas de dinero de René Bejarano y Carlos Ímaz del PRD.
Yo sé que es mucho pedirles a los legisladores de los partidos que nos ofrezcan a los ciudadanos un gesto de generosidad y promulguen Leyes que permiten las candidaturas independientes. ¿A quién se le puede pedir que acabe con un monopolio que le garantiza un ingreso multimillonario? Pero si los legisladores quieren presentarse ante los votantes como reales estadistas, dispuestos a actuar en beneficio de la sociedad, y no como simples políticos interesados en arrancarle lo más que puedan, tendrán que empezar a actuar en congruencia.
Y una de las medidas que deberían tomar es poner fin a la partidocracia que ahoga nuestras libertades y abusa del dinero de los contribuyentes. Por ello es indispensable que hagan las enmiendas a la Ley electoral que los ministros de la Corte no pueden hacer y que nos den a los ciudadanos los derechos políticos que merecemos por el simple hecho de ser mexicanos.
DESACELERACIÓN
Cuidado que la economía mexicana está perdiendo dinamismo. En el segundo trimestre del año creció sólo 3.1 por ciento contra el mismo periodo del año anterior. En cifras desestacionalizadas, registra ya una contracción entre el primer y el segundo trimestre.
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