En los hechos uno, y acaso de manera formal otro, dos partidos carecen de dirección nacional. En el PRI, su presidente dejó de serlo para efectos prácticos el doce de julio, cuando se le pidió permanecer en el cargo mientras era posible su relevo, pero al mismo tiempo se le autorizó a ejercer como precandidato presidencial, función a la que dedica preferentemente su actividad desde entonces. La secretaria general, a su vez, se halla ausente del puesto (y del país) hace más de un año, sin que sea verdad que cumple su tarea a distancia.
Aunque se trata de un partido de menor presencia política y electoral que el PRI, es más importante lo que ocurre con Convergencia, porque acaso sea verdad que su dirección concluyó sus funciones hace una semana, el 15 de agosto, sin que se hubiera elegido una nueva ni prorrogado el mandato de la que fue elegida el 16 de agosto de 2002 y cuya actuación concluyó precisamente la semana pasada.
Un grupo de militantes de ese partido acudió a los órganos electorales para denunciar la situación a fin que legalmente se corrija. Quienes se ostentan como miembros de esa dirección, que de ese modo resultan objetados, argumentan que en abril pasado el consejo nacional de ese partido aplazó a febrero próximo la tercera asamblea nacional que debía realizarse en este mes, y pretenden que de ello se derive automáticamente la revalidación de los cargos cuyo término se agotó, especialmente el de la presidencia del partido, ejercida desde siempre y en particular desde que el partido recibió registro formal en el IFE, por Dante Delgado Rannauro.
La impugnación al ex gobernador de Veracruz, que se habría excedido en el término de su presidencia, coincide con el proceso interno para la selección de candidato presidencial. La comisión política nacional se reúne mañana martes, y lo hará también el 30 de agosto, en la primera de tres etapas para decidir su candidatura presidencial. Precisamente porque este procedimiento interno se empalmaría con la asamblea nacional, el consejo acordó su diferición. Pero no hizo votar explícitamente la prórroga del mandato de Delgado, que sería por ese motivo un presidente espurio. El que se le cuestione jurídica y políticamente en este momento puede afectar sus capacidades de negociación y de convocatoria.
En su primera participación electoral, hace cinco años, Convergencia fue parte de la Alianza por México, que sostuvo la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, con lo cual ganó su registro, un breve grupo parlamentario en San Lázaro y hasta una senaduría. En la elección legislativa intermedia de 2003 presentó sus propias candidaturas, no siempre de militantes suyos sino de miembros de agrupaciones políticas nacionales con que se alió. De ese modo consiguió permanecer en la liza electoral y mantener su representación en la Cámara de Diputados con el grupo más pequeño (cinco diputados, el mínimo requerido para formar una fracción) que se reduce a tres si se cuentan aparte los aliados y los militantes.
En la actual coyuntura Convergencia explora diversas posibilidades de participación, entre las cuales se cuenta la de acudir al proceso electoral con candidato propio, decisión riesgosa si el aspirante no lleva consigo su propia fortaleza, su propia presencia, pues en tal caso el partido podría no alcanzar ya no digamos la victoria sino ni siquiera el porcentaje que le permitiera continuar en la contienda electoral. Semejante resultado obtendría si ese candidato fuera su propio líder, que no obtuvo la gubernatura de Veracruz en la elección del año pasado. Si no logró ese propósito en su propia entidad, de la que fue ya gobernante y donde su partido ha logrado triunfos municipales relevantes, no es imaginable que Delgado protagonizara una campaña presidencial exitosa.
Menos lo es si se consideran los varios focos rojos encendidos en el interior de Convergencia. El más importante es el derivado del distanciamiento entre Delgado y otros dirigentes de su partido. El doce de agosto, para no ir más lejos, Jesús Martínez Álvarez le dirigió una carta en que examina la situación del partido, caracterizada por la absorción de decisiones y tareas por el propio líder. La carta no se refiere al entonces inminente fin de la gestión formal de Delgado, pero podría no ser ajena a ese hecho, ni al grupo de militantes que plantearon la situación al IFE y al Tribunal electoral federal. Martínez Álvarez, que en sus tiempos priistas fue gobernador interino de Oaxaca y responsable de coordinación metropolitana en el DDF, ocupó el segundo cargo en Convergencia, la secretaría general hasta 2003, cuando fue candidato a diputado y se convirtió en líder de la breve fracción de ese partido en San Lázaro. Se le mantiene desde entonces al margen de cualquier decisión y por ello ha quedado en libertad de expresar sus propias opiniones, diferentes del criterio oficial de Convergencia. No avaló, por ejemplo, la coalición con el PAN en la elección de gobernador del Estado de México.
Ese tema ha suscitado otros reproches al ahora ex presidente de Convergencia -al que llamamos ex porque habría concluido su función si, como sostienen sus impugnadores, no fue aprobada expresamente la prórroga de su mandato, ni notificada, igualmente de modo expreso, a la autoridad electoral. Pedro Aguirre, presidente de la fundación que el partido está obligado por Ley a sostener, ha solicitado que se le entreguen los recursos que Convergencia ha recibido y destinado a otros fines.
