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Pedirán 55 arrestos por la Guerra sucia

Entre los inculpados podría estar el ex presidente Luis Echeverría

EFE

MÉXICO, DF.- La Fiscalía especial que investiga la guerra sucia informó ayer que solicitará a los tribunales órdenes de arresto para unas 55 personas por genocidio, entre ellos posiblemente al ex presidente Luis Echeverría.

El fiscal especial Ignacio Carrillo dijo en declaraciones a la prensa extranjera que 25 de ellos serán consignados ante un juez en 60 días por el caso de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el dos de octubre de 1968, cuando el Ejército reprimió una manifestación estudiantil.

En esa matanza, ocurrida cuando Echeverría era secretario de Gobernación, murieron oficialmente 30 personas, cifra que extraoficialmente se eleva a 300.

Otras 30 personas, entre civiles y militares, serán consignadas a lo largo de este año por el caso de 500 desapariciones forzadas a lo largo de la guerra sucia.

Los 500 casos se acumularán más o menos de cien en cien, por lo que serán presentados ante un juez entre cuatro o cinco expedientes, explicó Carrillo.

Entre los consignados por la matanza de Tlatelolco posiblemente esté el ex presidente Echeverría (1970-1976) y otros ex funcionarios y oficiales acusados de genocidio en otro caso: la matanza de estudiantes del 10 de junio de 1971, por el que fueron acusados formalmente el año pasado 12 personas, entre ellos un militar.

El caso del diez de junio de 1971 está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe pronunciarse en un par de meses sobre una sentencia judicial que declaró prescrito el delito de genocidio que se imputa a Echeverría.

La Fiscalía especial fue creada por el presidente, Vicente Fox, en respuesta a presiones de activistas sociales para perseguir los delitos cometidos durante la ?guerra sucia?, entre 1960 y 1980, en la que fuerzas del Estado reprimieron a movimientos de izquierda y grupos estudiantiles y guerrilleros.

Carrillo dijo, a casi mil días de iniciados sus trabajos, que ha contado con el apoyo de Fox, pero se quejó de que algunos poderes del Estado han obstaculizado el proceso contra los victimarios.

Citó el caso de la excarcelación de Miguel Nazar Haro, un octogenario ex jefe policial acusado de la desaparición de dos activistas y quien es procesado bajo arresto domiciliario por razones de edad.

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