Agencias
MÉXICO, DF.- En la última sesión de trabajo de este periodo ordinario, el Senado de la República ratificó la creación de un fideicomiso que administrará el fondo de apoyo social para ex braceros que trabajaron en campos agrícolas de Estados Unidos en la década de los cuarenta, enviada por la Cámara de Diputados.
Sin embargo, dicho fondo de casi 300 millones pesos corre el riesgo de no concretarse ante el riesgo de que la Corte dé la razón al Ejecutivo en la controversia constitucional por el presupuesto.
El pasado noviembre la Cámara de Diputados aprobó una Ley de Egresos para 2005, que incluyó reducciones al gasto de algunos programas del Gobierno y de diversas Secretarías, incluyendo la Presidencia, Gobernación, Relaciones Exteriores y la Fiscalía.
En respuesta, el presidente Vicente Fox impugnó varias de las partidas reasignadas por la mayoría Opositora de la Cámara Baja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que también se vio afectada por las reducciones.
Un documento recibido en días pasados por la presidencia de la Cámara de Diputados señalaba que la resolución provisional de la SCJN elimina más de cinco mil millones de pesos, entre los que están los casi 300 millones de pesos previstos para los ex braceros.
“Es cierto que el dinero está en riesgo por la controversia, pero quiero precisar que el Gobierno Federal (...) se comprometió a que, independientemente del resultado de la controversia, estos recursos están garantizados”, dijo el diputado perredista Valentín González.
El fideicomiso, establece el dictamen, administrará y determinará la forma en que se entregará el fondo de casi 300 millones pesos que los diputados incluyeron en el presupuesto 2005 como ayuda social a braceros, o familiares de éstos, que acrediten que en la década de los cuarenta trabajaron en las empresas agrícolas estadounidenses que retuvieron parte de su salario para conformar una caja de ahorro de la que nunca gozaron.
La partida en disputa sería entregada como un apoyo social, no como indemnización, a los trabajadores o sus familiares directos que acrediten su contratación entre 1942 y 1946 por las empresas estadounidenses War Food Administration o Manpower Commission y que ahorraron un porcentaje de su salario.
En 1942 los Gobiernos de México y Estados Unidos avalaron el “Programa Bracero” que creaba un “fondo de ahorro campesino” mediante la retención del diez por ciento del salario percibido por los trabajadores mexicanos en territorio estadounidense.
El monto retenido debió depositarse en el Banco Nacional de Crédito Agrícola de México (BNCA) y entregarse a los obreros a su regreso al país para que emprendieran actividades agrícolas, pero esto no ocurrió y hasta la fecha no se sabe el destino que tuvieron los mismos, dijo el diputado José Trejo.
“Sólo hay un documento en el que el director del banco informa al entonces presidente, Manuel Ávila Camacho (1940-1946), sobre la existencia de un pasivo de 12 millones de pesos, que creemos eran del fondo y que seguramente fueron tomados para financiamiento”, indicó el legislador.
Ante la inexistencia de antecedentes, tanto el Legislativo como el Ejecutivo determinaron apoyar económicamente a los ex braceros, sus cónyuges o viudas, con una compensación que se entregará de forma mensual en un lapso de cinco años mediante el nuevo fideicomiso.
Para tener una idea del universo de ex braceros y de la cantidad a sufragar la Secretaría de Gobernación elaboró un padrón ante en el que los antiguos emigrantes debían registrarse.
De siete mil braceros que se tenían registrados han aparecido unos 99 mil reclamantes del fondo, por lo cual ahora el fideicomiso tendrá que validar los datos sobre los inscritos.
Si el dinero se obtiene y se divide entre todos los reclamantes, la suma que correspondería a cada solicitante no rebasaría los cuatro mil pesos por persona.
