En la forma, la conclusión a la que llega la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), sobre el derrame de poco más de 800 mil litros de petróleo en Veracruz y que contaminó seriamente el río Coatzacoalcos, no podía ser otra: un problema técnico. Simple, una serie de fallas en el sistema de válvulas ocasionó sobrepresión en el ducto, lo cual provocó que se reventara.
En el fondo, se lanza una seria advertencia al Gobierno Federal y al Poder Legislativo para que concreten a la brevedad un mayor presupuesto para que Pemex pueda garantizar un mínimo de mantenimiento y eventual reparación a una infraestructura que data de hace 40 años y a la cual se confía la extracción, distribución y almacenamiento del llamado oro negro, una buena parte de la riqueza de la nación.
En forma paralela, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión determinó citar a comparecer al director de la paraestatal, Luis Ramírez Corzo, para que explique lo ocurrido en Veracruz. A propuesta de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, Ernesto Gil Elorduy y Noemí Guzmán Lagunes, el resto de diputados y senadores, incluidos los panistas, consideraron que es necesario que el titular de Pemex rinda un informe al respecto.
Los legisladores afirman que no basta con que la paraestatal asegure que la situación ya está bajo control y que “se requiere determinar por qué las medidas preventivas y de seguridad se salieron de control”. Esto es, un trámite político, casi burocrático, para confirmar lo que todos los mexicanos sabemos: Pemex no es otra cosa, en términos ambientales, que un gigantesco foco rojo, ya que gran parte de su infraestructura se encuentra en condiciones operativas límite, gracias a décadas –mejor dicho, sexenios- de descuido, falta de recursos para mantenimiento y una lamentable carencia de visión de futuro de aquellos que agotaron sus esfuerzos en sangrar literalmente a la paraestatal.
José Luis Luege, titular de la Profepa, pone las cosas en perspectiva: Si no se entregan mayores recursos a la paraestatal para labor de mantenimiento y prevención, las instalaciones de Pemex seguirán en condición de foco rojo y en cualquier momento puede ocurrir otro accidente, otro potencial desastre ecológico.
Ahí está la voz de alerta y seguramente, como la gran mayoría de los asuntos importantes en nuestro país, tendrá que esperar. Lo importante para nuestra clase política es que se mantenga el actual régimen fiscal en Pemex –que literalmente lo exprime- y todo lo demás se podrá abordar en otro sexenio.
