El presidente boliviano se abstuvo de emitir un pronunciamiento sobre la polémica ley de hidrocarburos que impone un notable incremento de los impuestos que pagan las petroleras en el país
La Paz, (EFE).- El presidente de Bolivia, Carlos Mesa, dejó en manos del Congreso la promulgación de una polémica ley que impone un notable incremento de los impuestos que pagan las petroleras en el país, informaron hoy fuentes oficiales.
El ministro de la Presidencia, José Antonio Galindo, anunció en una rueda de prensa que "el presidente ha tomado su decisión" sobre la ley aprobada por el Congreso el pasado 5 de mayo.
El mandatario tenía plazo hasta hoy para promulgar, vetar u observar la normativa, pero optó por dejar que expirara sin inclinarse por alguna de esas opciones.
El artículo 78 de la Constitución señala que, habiendo transcurrido el plazo, "la ley queda automáticamente promulgada a partir de la firma que haga el presidente del Congreso y será de obligatorio cumplimiento a partir de la fecha de su publicación", anunció.
Por tanto, al presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez, le corresponde firmar el texto objetado por las multinacionales petroleras.
Galindo manifestó que Mesa ha actuado consecuentemente ya que, en marzo pasado, "él manifestó que no iba a promulgar esta ley" y, como considera que la discusión sobre el texto legal pone en juego la unidad del país, la mejor opción es la que ha tomado.
El gobernante opina que la normativa podría conducir a una demanda contra el Estado de Bolivia por parte de las petroleras por el cambio de reglas de juego que supone.
En Bolivia operan las trasnacionales Repsol YPF, Petrobras, TotalFinaElf y British Petroleum, que poseen el control de la mayoría de las reservas de gas natural, las mayores de Sudamérica después de las de Venezuela, con un volumen de 48,7 billones de pies cúbicos.
El hallazgo de esta riqueza natural fue posible gracias a la llegada de estas compañías en la década pasada, atraídas por una ley atractiva para la inversión que permitió la firma de 72 contratos.
Esa ley quedará anulada con la inminente promulgación de la nueva Ley de Hidrocarburos, que establece la creación de un nuevo impuesto a la producción del 32 por ciento que se suma a la regalía o pago fijo por explotación del 18 por ciento, ya vigente.
Además, obliga a las empresas a suscribir nuevos contratos y otorga al Estado boliviano un rol más participativo del que tenía, en cumplimiento de los puntos aprobados por un referéndum celebrado en julio pasado para definir una política energética nacional.
De promulgarse la ley, las empresas trasnacionales han insinuado que acudirán a los tribunales para demandar al Estado, algo sobre lo que advirtió Mesa en varias ocasiones.
Consultado sobre si el mandatario conversó con alguna compañía antes de dar el paso, el ministro de Presidencia declaró que Mesa "no tiene que consultar con ninguna".
La nueva Ley de Hidrocarburos es rechazada también por las organizaciones sindicales de la conflictiva localidad de El Alto que el lunes marcharon por la ciudad de La Paz demandando la nacionalización del gas natural y el petróleo y por los mineros que mantienen bloqueadas varias rutas del occidente y del centro del país.
El Movimiento Al Socialismo también cuestiona la posición de las autoridades aunque apunta a lograr un texto más radical con el incremento del porcentaje de regalía a un 50 por ciento, así como la obligación de consultar a los pueblos indígenas para realizar nuevas explotaciones.
