AP
LA PAZ, BOLIVIA.- La promulgación de una Ley de Hidrocarburos y el lanzamiento por parte del Gobierno de un plan económico-social con la promesa de beneficios para la población no lograron aplacar las protestas de grupos radicales que exigen nacionalizar el sector y que ayer realizaron nuevas marchas y cortes de rutas.
La Policía debió emplear gases lacrimógenos y camiones lanza-agua para dispersar una marcha de alrededor de mil personas, conformada por mineros socios de cooperativas y vecinos de la aledaña ciudad obrero-campesina de El Alto, que intentaba ingresar a la plaza Murillo, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Los mineros, que llegaron desde algunos yacimientos de la zona occidental del país arremetieron contra los cordones policiales que resguardan la plaza con el lanzamiento de pequeños pero ruidosos cartuchos de dinamita, reclamando la renuncia del presidente Carlos Mesa y el cierre del Congreso.
No se informó sobre heridos o detenidos. En tanto, el ministro de Gobierno, Saúl Lara, calificó de ?bloqueos salvajes? a los cortes de ruta que realizan otros mineros cooperativistas en al menos cuatro puntos de las carreteras que unen a La Paz con Oruro -220 kilómetros al sur- y a esa ciudad con la de Cochabamba -398 kilómetros al sureste-.
Anunció que de continuar los bloqueos, el Gobierno establecerá un puente aéreo para trasladar a los viajeros varados.
Las demandas a primera vista coinciden en la nacionalización de la explotación de los hidrocarburos y en que, por tanto, se abrogue la nueva Ley del sector, que no contempla esa posibilidad, aunque sí crea un nuevo impuesto del 32 por ciento a la producción de carburantes.
Paradójicamente, los mineros cooperativistas, los manifestantes más activos, exigen que una parte de ese impuesto del 32 por ciento les sea entregado a ellos. También reclaman que el Gobierno les entregue nuevos yacimientos y otros privilegios.
El martes, el presidente del Senado, Hormando Vaca Díez, promulgó la nueva Ley de Hidrocarburos, ante la decisión del mandatario Carlos Mesa de no tomar acción alguna en cuanto a ella, ni vetarla, ni firmarla, lo que despertó nuevas amenazas de protestas por grupos radicales a los que se unieron los mineros, encabezados por el líder de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares.
La Ley también era resistida por el partido cocalero Movimiento al Socialismo (MAS), que realizó protestas callejeras y promovió una marcha de 190 kilómetros hacia La Paz en conjunto con la COB, pero bajo el reclamo de que las regalías, que la Ley mantiene en el 18 por ciento, sean incrementadas al 50 por ciento. Ese partido anunció que presentará una Ley sustitutiva a la recientemente aprobada.
PROCESAN A EX MINISTROS
La Fiscalía General de Bolivia presentó ayer una imputación formal contra nueve ex ministros por varios delitos en los sucesos de octubre de 2003 que obligaron a renunciar al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, sustituido por su vicepresidente, Carlos Mesa, quien ahora gobierna a Bolivia.
Los ex ministros imputados son: Yerko Kukoc, Javier Torres Goitia Caballero, Hugo Carvajal, Guido Añez Moscoso, Adalberto Kuajara, Dante Pino, Erick Reyes Villa, Mirtha Quevedo y Jorge Torres Obleas.
El fiscal general, Pedro Gareca, explicó que los nueve ex ministros fueron imputados por los delitos de homicidio, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, agravación y atenuación, lesión seguida de muerte, privación de libertad, vejaciones y torturas y delitos contra la libertad de prensa.
En octubre de 2003 hubo 67 muertos en dos semanas de protestas sociales en El Alto y La Paz.
La acusación también incluye los delitos de allanamiento de domicilio y sus dependencias y resolución contraria a la Constitución, además del delito de genocidio en forma de masacre.
