El director General de Transportes del estado, Rosauro Meza Sifuentes, afirma que pese a las inconformidades que se han presentado, no refrendarán los taxis que no estén asegurados y no den garantías a los pasajeros en este aspecto en caso de un accidente.
Dice que tal vez en años anteriores no se les exigió a los conductores cumplir con ese requisito pero ahora ya es una obligación, al igual que la presentación de los vehículos para una inspección física.
Admite que en el transporte público existe una seria problemática, en especial en la Comarca Lagunera. ?Hemos puesto de manifiesto esa situación porque negarla o querer ocultarla no viene a resolver nada, sino que se requiere establecer una estrategia para avanzar en el reordenamiento del transporte público?, dice.
?La intención y la voluntad son claras en ese sentido. El anuncio de una serie de medidas para que los propios transportistas puedan regularizar su situación en cuanto al pago de derechos va a permitir un reordenamiento en la verificación de unidades y posteriormente, gestionar algunos créditos y programa que permitan desarrollar un programa integral de modernización del transporte?, añade.
Aunque en reiteradas ocasiones los usuarios han exteriorizado su inconformidad por las condiciones en las que se encuentran las combis y camiones, desde el punto de vista del ex regidor, en la urbe capitalina, ?el parque vehicular en lo general, a reserva de sus excepciones, es un parque moderno y aceptable todavía?.
Pero en la Comarca Lagunera es innegable que las unidades son obsoletas y el primer paso a dar es regularizar la situación de los transportistas para que después las entidades financieras puedan facilitar el capital necesario para adquirir nuevas unidades.
?Nosotros tenemos ya un cronograma de trabajo en el reordenamiento en una primera etapa a corto plazo, digamos tres o cuatro meses, y posteriormente vamos a iniciar una vez que se apliquen unas medidas que se tienen previstas con la promoción de la modernización del transporte?, detalla.
El servidor público declara que no tiene objeción alguna en comparecer ante el Congreso del Estado, ya que no tiene nada qué ocultar o una mala actuación respecto de algún tema en particular.
