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BOGOTÁ, COLOMBIA.- El dirigente político conservador colombiano Álvaro Leyva Durán pidió ayer a la Procuraduría General que investigue al presidente Álvaro Uribe Vélez por falta de actuación frente al caso de los secuestrados en poder de la guerrilla.
El ente fiscalizador debe “llamar la atención e investigar al presidente Álvaro Uribe Vélez por simplemente no actuar frente a las posibilidades de un acuerdo humanitario”, dijo Leyva Durán a periodistas. Explicó que la Constitución de Colombia de 1991 le da poderes al Procurador General de la Nación para que abra una investigación al jefe de Estado.
Sectores políticos y organizaciones de derechos humanos exigen un acuerdo humanitario entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que permita la libertad de los secuestrados en poder del grupo rebelde.
Las FARC mantienen en su poder a 21 políticos, 39 soldados y policías y tres asesores estadounidenses para presionar su canje por medio millar de insurgentes presos.
El Gobierno de Uribe Vélez condiciona un eventual acuerdo humanitario a que el grupo rebelde decrete un cese de hostilidades y entregue “gestos de paz” para empezar a negociar.
El tema del acuerdo humanitario en Colombia se reactivó el miércoles con la confirmación de un encuentro de un emisario del presidente francés Jacques Chirac con el vocero de las FARC, el comandante Raúl Reyes.
El Gobierno de Chirac está interesado en buscar la libertad de la dirigente ecologista y ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien tiene nacionalidad francesa y está en poder de las FARC desde febrero de 2002.
Leyva Durán afirmó también que el procurador general, Édgar Maya Villazón, “como representante de la sociedad civil y como defensor natural de los secuestrados”, puede buscar un acuerdo que permita ponerlos en libertad.
A juicio del político, el Gobierno debe actuar en conformidad con la Constitución y las normas del Derecho Internacional Humanitario que obligan a garantizar la seguridad y libertad de las víctimas del conflicto.
“Yo quisiera llamar la atención del Gobierno para que acepte el mandato de la libertad de los secuestrados sin intermediarios, pues hay derechos que el Estado no le puede seguir desconociendo a los secuestrados”, dijo.
Agregó que el Gobierno tampoco “puede limitarse a actuar como se le venga en gana porque está dejando a un lado su responsabilidad (constitucional)” y anunció que asume la responsabilidad de trabajar por un acuerdo humanitario en favor de los secuestrados.
