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MÉXICO, DF.- La Secretaría de Hacienda debe investigar las redes de corrupción de funcionarios públicos que han permitido el ingreso de casi dos millones y medio de vehículos de procedencia extranjera a México –conocidos como “chocolates”- y no buscar en sus propietarios a potenciales delincuentes o contrabandistas, demandó ayer el diputado Roberto Pedraza Martínez.
“Antes de cumplir con el lamentable y antisocial fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó que quien conduzca o sea propietario de un automóvil extranjero que no haya sido regularizado, es un contrabandista, el presidente Vicente Fox debe cumplir con una de sus promesas de campaña”, dijo el integrante de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
Pedraza –también presidente de la Comisión de Vivienda— recordó que en su campaña electoral el presidente Fox prometió “vochos” y “changarros” para todos, y a más de cuatro años de Gobierno, este vehículo ya desapareció y la única opción para millones es comprar automóviles usados de procedencia extranjera.
También criticó el fallo de la Corte que la semana pasada determinó que las personas que posean, porten o se ostenten como propietarios de vehículos extranjeros serán presuntos responsables del delito de contrabando, siempre y cuando no cuenten con los permisos correspondientes, y aseguró que detrás del mismo, como muchas otras decisiones de los ministros, están los intereses de empresas transnacionales, bancos y empresarios.
“Que nos proponga el Ejecutivo Federal y la Corte cómo puedan comprar millones de campesinos, maestros y trabajadores en general, un automóvil a un precio accesible, sin altas tasas de interés e impuestos, lo que obliga a buscar una opción en los vehículos extranjeros”, dijo Pedraza Martínez.
Recordó que la Cámara de Diputados prevé aprobar en el próximo periodo de sesiones, una reforma para regularizar de manera permanente a los vehículos de procedencia extranjera, lo que generaría al fisco de entrada ingresos por cerca de ocho mil millones de pesos.
“Ya inició una cacería de brujas emprendida por autoridades de Hacienda, la Policía Fiscal, así como policías estatales y municipales que están extorsionando a los propietarios de esos vehículos. La Corte sólo provocó más corrupción y extorsiones”, dijo.
Exhortó a la Secretaría de Hacienda a investigar cómo operan las autoridades aduanales que cobran entre cinco mil y diez mil pesos por el ingreso de un automóvil y que están ligados a los “loteros” a gran escala. “Ahí está la mafia, no en los campesinos y trabajadores que tienen un vehículo extranjero”.
Pedraza dijo que hay más de dos millones y medio de vehículos, con lo que según la Corte hay también dos millones y medio de nuevos delincuentes.
Destacó que la decisión de la Corte como contraria a los intereses de las clases más desprotegidas y a favor de los grandes consorcios transnacionales de la industria automotriz.
