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MÉXICO, DF.- El magistrado del tercer Tribunal Unitario en materia penal, Jesús Luna Altamirano, confirmó la negativa del juez octavo de Distrito de otorgar a la PGR 14 órdenes de aprehensión contra Iván Archivaldo Guzmán Salazar y 13 familiares más de Joaquín Guzmán Loera, alias ?El Chapo?.
El magistrado determinó que la Procuraduría General de la República (PGR) no presentó las pruebas suficientes que demuestren que los señalados incurrieron en delincuencia organizada y delitos contra la salud en su modalidad de tráfico de drogas.
De esta forma la PGR perdió la apelación que interpuso ante este tribunal a la resolución del juez octavo de Distrito adscrito al Reclusorio Preventivo Sur.
El funcionario judicial lamentó que en un asunto tan importante y de trascendencia nacional el Ministerio Público Federal, a través de su escrito de agravio, no haya sustentado sus acusaciones.
Dijo que sólo entregó 63 hojas, de las cuales 55 eran antecedentes y constancias probatorias, y únicamente ocho cuartillas resumían los agravios que en ningún momento impugnaban las consideraciones torales del juez octavo de Distrito.
Luna Altamirano indicó que el expediente sobre la detención de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, consta de siete mil 700 fojas, y 21 tomos, donde está consignada la averiguación previa.
Sin embargo, explicó que como el escrito de agravios no echaba por tierra los argumentos del juez, el Artículo 364 del Código de Procedimientos Penales le impidió acceder al expediente y determinar si la averiguación previa estaba bien integrada o no o si las pruebas presentadas por la PGR eran contundentes.
Subrayó que la PGR tiene la obligación de elaborar de manera adecuada sus agravios y a hacer un análisis comparativo entre la resolución del juez y sus argumentos, mientras que él como magistrado tiene la obligación de emitir una resolución apegada a derecho.
